Arenas pide a Griñán que no obstruya a la juez Alaya y le entregue las actas

Ése es su objetivo: que la magistrada del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se quede sin consultar las actas del Consejo de Gobierno, lo que dificultaría su investigación sobre la trama de ERE falsos y limitaría el alcance de las responsabilidades jurídicas. El Gobierno andaluz va a apurar todas sus opciones legales. La decisión de la Audiencia Provincial, que se ha posicionado a favor de las tesis de la instructora y considera que las actas «no son secretas», no es definitiva. La consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, aseguró ayer en declaraciones a RNE que el auto de la Audiencia «no pone fin a la cuestión» pues «la última palabra la tiene el Tribunal Supremo».

La estrategia de la Junta es clara: «Queremos que el Supremo se pronuncie para que esto no sea una cosa de Andalucía, es decir, para que la decisión que tome sirva para toda España y sirva de precedente», apuntó Moreno. Ése es uno de los argumentos de presión que maneja el Ejecutivo. Si las actas del Gobierno andaluz no son secretas, tampoco lo serían las de ninguna comunidad autónoma o incluso las del Consejo de Ministros. En este punto, hay que reseñar que el auto de la Audiencia –basado en los criterios jurídicos de Alaya– sostiene que «lo declarado por la ley reservado son los documentos y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual han de aparecer, según se desprende del artículo 30.3 en las actas, que son lo único reclamado por la instructora».

La instructora sólo necesita conocer si asuntos relevantes para la investigación se trataron en el Consejo de Gobierno (las actas), pero en ningún caso podrá acceder a las opiniones vertidas por los consejeros presentes en las reuniones semanales (las deliberaciones, que sí están protegidas). En este sentido, el presidente del PP-A, Javier Arenas, pidió ayer al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que facilite «cuanto antes» la documentación que solicita Alaya y que renuncie a la «pelea» que, a su juicio, mantiene el jefe del Ejecutivo autonómico con la Justicia. Tras felicitar al nuevo presidente de la Diputación de Málaga, el popular Elías Bendodo, denunció la actitud «obstruccionista» de Griñán en relación a la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y le acusó de confundir «liderazgo con autoritarismo».

«El Estado de Derecho hay que mimarlo, entenderlo y compartirlo, pero no pelearse con él», dijo, al tiempo que criticó que el Gobierno andaluz esté obstruyendo la investigación de los ERE «desde el primer día». Según Arenas, «sería ideal que Griñán decidiera aceptar una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los ERE, el mayor escándalo que hemos tenido en nuestra Autonomía. Ése sería el camino de entendimiento en el marco del Estado de Derecho», apostilló. Para el presidente del PP-A, Andalucía no puede seguir siendo «líder en escándalo, en paro y en altos cargos», por lo que reclamó a los actuales mandatarios autonómicos que pongan en práctica un «programa de austeridad para pedir la confianza de sus parlamentos».

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, se sumó a las críticas a la Junta: «Ha querido ir en todo momento imposibilitando el esclarecimiento de lo que ha ocurrido con los ERE». Para el líder izquierdista, el Gobierno andaluz «se equivocó desde el primer momento» ya que las actas «tenían carácter de público» y abogó por constituir una comisión de investigación en el Parlamento. Sin embargo, las críticas de la oposición no hacen mella en el Ejecutivo que preside Griñán. La portavoz Mar Moreno mantiene su discurso y así lo hizo en la entrevista en RNE: la colaboración de la Junta de Andalucía con el juzgado «es del 100 por cien», ya que «fuimos los que denunciamos el caso». «No tenemos el menor conflicto con el juzgado. La juez Alaya y la Junta queremos lo mismo, que es sentar a los culpables en el banquillo. Sólo hay una discrepancia de carácter jurídico», señaló. Moreno cargó otra vez contra el PP, al que acusó de «instrumentalizar» el asunto.

Los ansiados documentos siguen custodiados las 24 horas
Las 480 actas de los Consejos de Gobierno celebrados entre 2001 y 2010 permanecen en el juzgado de guardia de Sevilla. La Guardia Civil los custodia las 24 horas del día. Por si acaso, como se aprecia en la imagen, están perfectamente lacrados.