Anticorrupción reclama una sentencia «ejemplar» en Malaya

Málaga-El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero confió ayer en que el juicio del «caso Malaya» concluya con una sentencia «ejemplar» ante los hechos que se han juzgado y que atribuyó a «prácticas de supuesta corrupción» gracias a las cuales se ha producido el «enriquecimiento ilícito, en algún caso concreto espectacular», de personas vinculadas a la Administración pública.

Según el representante del Ministerio Público, se han producido casos de «personas que han hecho del ejercicio de esta actividad pública el modo de enriquecerse a costa de un soborno reiterado en el tiempo, mediante pagos de empresarios con intereses urbanísticos en Marbella».
En su informe final del juicio por la presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Marbella, López Caballero afirmó que «no podemos permitir que se repitan los comportamientos investigados».

Durante la lectura del documento en el que expone sus argumentos para mantener la acusación contra 86 procesados, admitió que el citado procedimiento «no supone un punto y final a la corrupción» sino que es «un punto y seguido a quince años de arbitrariedad y corrupción que dan para mucho».

En relación al presunto cerebro de la trama para quien solicita la pena de treinta años de cárcel, más de ochenta de inhabilitación y 810 millones de euros de multa, apuntó que su «perfil objetivo» no es el de una persona multimillonaria cuando llega a Marbella a principios de la década de los ochenta, al argumentar que «no tiene sentido» que alguien en esas circunstancias «se ponga a trabajar por cuenta ajena en una sociedad municipal».

 En este sentido, abundó en que «sería ilógico que un multimillonario tenga una sociedad en quiebra por cifra relativamente pequeña» o «que cobre el desempleo en el año 91 y 92», para incidir en la imposibilidad de que un trabajador por cuenta ajena registre en 1992 un patrimonio inmobiliario de 15 millones de euros que asciende a 117 en 2002.

Por su parte, la defensa de Juan Antonio Roca solicitó la nulidad de cerca de medio centenar de actuaciones vinculadas al procesado, como el registro de su despacho o las intervenciones telefónicas que le fueron realizadas, además de la retransmisión de las sesiones del juicio.
La letrada Rocío Amigo, que plantea en su escrito de conclusiones definitivas alguna modificación con respecto al inicial y a cuya tesis se adhirió buena parte de las defensas del resto de procesados, consideró que la instrucción del caso ha sido «del todo irregular, por cumplimiento anticipado de la pena y por juicio paralelo».

Quiso además exponer la «indefensión» de su patrocinado ante «acusaciones sorpresivas y por la subdivisión en bloques, que junto con la retransmisión de las sesiones del juicio, ha permitido a los agentes un mal uso de esa información».