El fondo de los ERE se creó para «repartirlo como y a quien quisieran»

En relación al Tribunal de Cuentas, los populares detallan en su escrito las «irregularidades contables» en la gestión de 699 millones de euros entre 2001 y 2010, adjuntando documentación y recortes de prensa. Un dinero, sostienen, que fue gestionado «sin procedimiento y sin cobertura legal» para introducir intrusos afines al PSOE y a la Junta, que ya cifran en 183. En la documentación presentada también se denuncian «desvíos presupuestarios» de más de 170 millones de euros, así como la posible falsificación de planes de actuación y del presupuesto de la Junta de Andalucía para, supuestamente, dar cobertura a un procedimiento sobre cuya irregularidad la Intervención General alertó hasta en siete ocasiones.

La formalización del escrito la realizaron ayer por la mañana la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, que acudieron a las dependencias del Tribunal de Cuentas con una corte de diputados y senadores populares. «La gestión de los ERE supuso un máster de infracciones y de descontrol de los fondos públicos. Estamos ante burdas infracciones contables sin procedimiento, sin expediente y sin cumplir la normativa no de cualquier fondo, sino de los más sensibles y que con mayor pulcritud deberían gestionarse», sentenció la portavoz popular.

El PP sostiene que el objetivo de su apelación ante el máximo órgano fiscalizador es conseguir que se depuren responsabilidades y que se logre el reintegro de los fondos públicos que deberían servir para pagar a todos los trabajadores que, teniendo derecho a ese dinero, se ven con dificultades para cobrarlo por culpa de la mala gestión de la Junta. «Bajo el paraguas de la ayuda a empresas en crisis se han descubierto entre los beneficiados a alcaldes, dirigentes y altos cargos socialistas y familiares de éstos», dice el escrito presentado ante el Tribunal de Cuentas.

En él se señalan como responsables de las irregularidades a Antonio Fernández García, ex consejero de Empleo; a Antonio Rivas Sánchez, ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla; a los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez Contreras; y al actual, Daniel Alberto Rivera. «Es evidente que se han otorgado subvenciones de manera arbitraria y totalmente discrecional a empresas socialistas y a Ayuntamientos gobernados por el PSOE», alega el PP. En un apartado del escrito es más concreto y asevera que el dinero «del Presupuesto de la Consejería de Empleo salía hacia el IFA para poder tener absoluta libertad en su manejo, sin control y con toda la discrecioallidad para repartirlo como y a quien quisieran».