Una ex edil pidió 120000 euros para ratificar el intento de soborno

Sevilla- La primera jornada del «caso Camas», más que cimentar las bases de la acusación por el presunto intento de cohecho a Carmen Lobo, puso en entredicho a la ex edil tránsfuga –quien, pese a que supuestamente fue objeto de un intento de soborno, no actúa como acusación– con la escucha de una de las grabaciones que realizó. Además, se aceptó como prueba una querella anterior de Francisco Gordo, su ex pareja e hipotético intermediador para el presunto intento de compro de voto contra la ex concejal por exigirle 120.000 euros para mantener ante el jurado la versión que sustenta la imputación del ex alcalde Agustín Pavón; los ex ediles Antonio Enrique Fraile y José del Castillo; y el empresario Eusebio Gaviño.

La Fiscalía, que solicita 18 meses de cárcel y el pago de 24.000 euros, centró su exposición en que «el cohecho, aunque beneficie a una comunidad» es un acto delictivo por más, como todas las partes aceptan, que el interés fuera «desbloquear» la parálisis política en Camas con el Gobierno en minoría de IU, PP y PA tras la expulsión de Lobo de las filas del Gobierno camero al ser condenada, junto a su entonces pareja Gordo (ahora con una orden de alejamiento) por «falsedad documental y estafa». El fiscal defendió la validez de las grabaciones, a pesar de su mala calidad, considerando que «no existe delito provocado» aunque los interlocutores desconocieran que estaban siendo grabados: «No se puede tomar una decisión política o cambiar un voto tras haber recibido dinero, aunque (el fin) sea justo se convierte en injusto».