Sindicatos

Los funcionarios se desmarcan de la petición de referéndum sobre los ajustes

El sindicato de funcionarios CSI-F seguirá luchando contra los recortes del Gobierno como miembro de la Cumbre Social, pero se ha desmarcado de la campaña puesta en marcha por la plataforma para promover un referéndum al considerar que esta vía tiene un componente político y, por lo tanto, "va más allá de las legítimas reivindicaciones"del colectivo.

Según indica en un comunicado, "la decisión de apoyar el referéndum es de carácter puntual y no rompe el consenso, ni el espíritu unitario en la lucha contra los recortes por parte de las diferentes organizaciones que conforman la Cumbre Social".

El sindicato hace esta proclama un día después de que la Cumbre Social presentara la Comisión Promotora del Referéndum, así como la carta en la que se exige al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su convocatoria.

Al acto acudieron los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, así como personalidades de la cultura y la universidad y representantes de organizaciones integrantes de la Cumbre Social, pero no contó con la presencia del presidente de CSI-F, Miguel Borra.

El sindicato recuerda que se ha estado "en todas y cada una de las movilizaciones"en contra de las políticas de ajuste del Gobierno central y de las administraciones autonómicas, por lo que "la decisión de no respaldar el referéndum es "perfectamente compatible"con la labor emprendida por CSI-F de colaboración con todas aquellas organizaciones de la Cumbre Social.

Sin embargo, apunta que "desde su condición de sindicato profesional e independiente"entiende que "el referéndum va más allá de las legítimas reivindicaciones profesionales, laborales y de defensa de los servicios públicos que rigen la actuación del sindicato".

"CSI-F no se mueve por intereses políticos", señala, para añadir que "la experiencia nos dice que los recortes se han producido por Gobierno de uno y otro signo", en clara referencia a la rebaja de sueldo aplicada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a los funcionarios en mayo de 2010.

Así pues, CSI-F "deja las opiniones políticas en el haber personal de todos y cada uno de sus afiliados", pero como organización "le mueven, única y exclusivamente, los intereses de los trabajadores y por extensión la calidad de los servicios públicos".

Por último, el sindicato reitera su apuesta "por otro tipo de medidas más acordes en su contexto sindical y que considera más efectivas a corto plazo, en el actual momento político y económico, en el que se está dilucidando un eventual rescate de España".