Perfil / La úlcera del bipartito

SEVILLA- En las calles de Marinaleda (Sevilla) se habla de proyectos ligados al campo, de temores, de sueños…, todos mecidos por la misma mano, la del único alcalde que conocen desde las primeras elecciones democráticas de 1979: Juan Manuel Sánchez Gordillo. En su despacho del Ayuntamiento, una bandera republicana, una foto del Che Guevara y una pizarra de cartulinas con los Presupuestos «participados» que pasea por el pueblo para que los vecinos decidan en qué se gasta el dinero común. Va a cumplir 54 años y practica el activismo jornalero –pertenece a la Ejecutiva del Sindicato Andaluz de Trabajadores y es responsable europeo de Reforma Agraria de la organización Vía Campesina–, mientras su «alter ego» institucional se sienta en el Parlamento andaluz, escaño que logró en las últimas autonómicas como cabeza de cartel de IULV-CA por Sevilla, con 38.000 votos más que en las anteriores.

Los dos, revolucionario y cargo público, tienen el mismo aspecto: «look» informal, barba y «kufiyya», un pañuelo que lleva desde los años 60 y que, dice, no se quitará hasta que Palestina sea un Estado libre. Comparten además idéntica ideología libertaria». Desde esa dualidad ha participado en centenares de ocupaciones de fincas y acciones de protesta «contra el capitalismo», como el asalto a una superficie comercial de Écija (Sevilla) que estos días lo ha llevado a copar la actualidad informativa. Un acto con consecuencias judiciales, aún por determinar, pero también políticas. Para muchos ha puesto contra la pared al Gobierno andaluz, conformado por PSOE e IU, que preside José Antonio Griñán. Un bipartito al que, por otra parte, se opuso desde su germen. De hecho, trató de impedirlo promoviendo entre las bases un referéndum paralelo al oficial del ahora vicepresidente Diego Valderas y sigue amenazando con «recorrerse toda Andalucía si hace falta» para convencer a los militantes de la inconveniencia de permanecer en el Ejecutivo regional. En esta legislatura ha roto ya dos veces en la Cámara la disciplina de voto y no en ocasiones menores: se abstuvo en la investidura de Griñán y se opuso al plan de ajuste económico elaborado por la Junta.

Fuentes socialistas admiten que es un «dolor de cabeza», no sólo para el presidente andaluz, sino también para su vicepresidente (de IU), quien no ejerce «ningún control sobre él» y a quien el propio Sánchez Gordillo reconoce que le va a provocar «una úlcera». La ley promovida para expulsar a los alcaldes del Parlamento andaluz «tenía su cara». Con todo, el alcalde asegura a LA RAZÓN que su intención no es «dinamitar» el bipartito, sólo «defender el programa de IU». «Soy fiel a la gente que nos votó, antes de a cualquier disciplina de voto», repite.

La trayectoria política de Sánchez Gordillo tiene luces, como las positivas estadísticas de paro de su municipio, y sombras, como la polémica en la que se vio envuelto en 1996 por simultanear el sueldo como profesor de E. G. B. y sus retribuciones como parlamentario con dedicación exclusiva. En la actualidad dice cobrar unos 3.000 euros, que reparte entre IU, el SAT y ONG, hasta quedarse con 1.200, que es el sueldo de los cooperativistas agrarios de Marinaleda. Al margen de esa retribución, en el Registro de Actividades de la Cámara andaluza sólo constan 1.500 euros en el banco. Polémicos han sido también sus «flirteos» con la izquierda abertzale o su apoyo a los presos etarras. Héroe o villano, Robin Hood o delincuente, parece que finalmente ha conseguido lo que se proponía: repercusión para su «lucha».

Marinaleda o la utopía jornalera-comunista
En la comunista Marinaleda las decisiones públicas se toman en asamblea. «Hace 25 años que no tenemos Policía Municipal, ningún cargo político cobra nada y el Ayuntamiento no tiene asesor jurídico ni jefe de prensa», explica su alcalde y líder del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, para desmentir «bulos» que circulan por las redes sociales. La mayoría del pueblo trabaja en la cooperativa agrícola local, en la que todos los empleados cobran 47 euros diarios por seis horas y media de trabajo, incluida la dirección. Tras lograr la expropiación de tierras a un terrateniente y la municipalización del suelo, los vecinos se convirtieron, además, en constructores de sus casas. «Todos los jóvenes tienen una vivienda de 90 metros cuadrados edificados por 15 euros al mes», asegura el alcalde, y guardería por 12. Por contra, en el reducto comunista andaluz no caben las aspiraciones a mejores condiciones laborales ni es el semillero más adecuado para la iniciativa empresarial.