El presidente Valcárcel se reunirá el martes con los sindicatos

MURCIA- Una vez más, el Gobierno regional, encabezado por Ramón Luis Valcárcel, vuelve a tender la mano a las organizaciones sindicales para revisar las medidas de ajuste que ha tenido que tomar el Ejecutivo murciano, tras la imposición del Gobierno Zapatero de reducir el gasto público para dejar que la Comunidad Autónoma pueda endeudarse. Así lo manifestó la portavoz regional, María Pedro Reverte, quien aseguró que la Administración desea recuperar el diálogo social con los sindicatos y negociar algunos aspectos de la nueva Ley de Medidas Extraordinarias como los horarios o la jornada laboral.

De tal forma, el Gobierno regional se reunirá el próximo martes con los sindicatos que componen el Comité de Crisis para conocer sus peticiones y alternativas, concretó ayer el secretario general de CCOO, Daniel Bueno. Un encuentro que estará presidido por el presidente de la Comunidad, aseguró Reverte, quien además advirtió que «no vamos a aceptar la imposición de los sindicatos porque esta ley es necesaria para mantener los servicios básicos de los murcianos».

Asimismo, la portavoz del Ejecutivo regional anunció que el Consejo de Gobierno aprobó ayer una Declaración Institucional de condena a la «brutal» agresión sufrida el pasado sábado 15 de enero, por el consejero de Cultura y Turismo, Pedo Alberto Cruz. En este sentido, expresó el deseo de la Comunidad de que los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado trabajen con ahínco para esclarecer cuanto antes los hechos y poner a disposición de la Justicia a los autores de tan «deleznable ataque». Dicha declaración también recoge, según apostilló Reverte, que el Ejecutivo murciano manifiesta su total respeto a quienes, conforme a los cánones constitucionales, expresan libremente su parecer y opiniones en el curso de las manifestaciones legítimas y pacíficas, y reprueba a aquellos que, por el contrario, transgreden esos límites, atentando contra la libre convivencia.

Sin embargo, la portavoz murciana destacó que «nadie va a amedrentar a este Gobierno regional», ya que el objetivo es que esta Región y su millón y medio de habitantes «salgan lo antes posible de la situación de crisis en la que se encuentra España». Además, Reverte resaltó que el «gravísimo» suceso del pasado sábado «no tiene cabida en una sociedad sana, plural y democrática como la murciana», ante lo que apeló a «la unidad de todos frente a la violencia» para que un hecho así no vuelva a suceder en la Región de Murcia.

Por otro lado, la responsable autonómica hizo referencia a los problemas financieros de la Comunidad y resaltó que «continuamos negociando la deuda con el Ministerio de Economía». Al respecto, Reverte denunció la actitud del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, en el último Consejo de Política fiscal y Financiera, «Zapatero ocultó el déficit de Cataluña y señaló a Murcia y Castilla-La Mancha», afirmó la portavoz, quien también subrayó que el PSOE «engaña a España e incluso a los catalanes».
Itinerario de la manifestación

La instigación del Gobierno central ha sido la causante de que la Región de Murcia tuviera que adoptar la Ley de Medidas Extraordinarias. Una legislación que atañe a los funcionarios públicos y que ha derivado en múltiples manifestaciones y concentraciones. La próxima, que será el martes 25, aún no tiene cerrado el itinerario que seguirá, porque como bien anunció LA RAZÓN, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Justicia, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo para que la Delegación del Gobierno modifique su recorrido y evite su paso por la Gran Vía de Murcia. Y es que el Ejecutivo regional, resaltó Reverte, considera que las diferentes manifestaciones que se han llevado a cabo por la principal arteria de la capital «alteran el orden público», ante lo que aconseja buscar una alternativa con el fin de prevenir.

Por su parte, la Delegación del Gobierno hizo público ayer que la Abogacía del Estado recurrirá la admisión a trámite presentada por el Gobierno murciano.

Con esta acción judicial, el Gobierno murciano no pretende impedir el derecho de manifestación, sino «únicamente utilizar los recursos que contempla la propia legislación estatal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el fin de intentar que no se produzcan alteraciones de orden público con peligro para personas o bienes», resaltó la responsable autonómica.

En última instancia, será la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia quien decida, el próximo lunes a las 11:00 horas, si la masa sindical recorrerá la Gran Vía de la capital murciana, en la que se encuentra el domicilio particular del presidente de la Comunidad, o por el contrario, tendrán que manifestarse por otras calles de la ciudad, como fue el caso de la única marcha de protesta convocada por las centrales sindicales en contra del Decreto del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el pasado 20 de mayo de 2010.

Durante el día de ayer, medio centenar de sindicatos se congregaron, por la mañana, a las puertas del Palacio San Esteban para protestar por la nueva normativa adoptada por el Gobierno murciano. Mientras que por la tarde, a las 20:00 horas, fue el Foro Social de Murcia y el Foro Ciudadano de la Región quienes se concentraron en la plaza Santo Domingo, en solidaridad con el joven detenido por la agresión al consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, de la que la portavoz regional aseguró que «es tan legitima como las que se están celebrando estos días» y manifestó su respeto hacia «cualquier tipo de manifestación y concentración». De esta manera, más de un centenar de personas mostraron ayer su apoyo a José David con gritos y mensajes de ánimo como «Todos somos José David» o «Que se sepa la verdad». Además se recogió dinero para que el joven pueda pagar los gastos judiciales. Antes de finalizar el acto se leyó un manifiesto de apoyo y se instó a los participantes a que acudan a la manifestación convocada para el próximo martes.