El Tribunal de Cuentas no ve irregular la medalla que EE UU concedió a Aznar

MADRID- La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha concluido que no puede deducirse la existencia de responsabilidad contable ni daño al erario público por los gastos generados para la concesión fallida al ex presidente del Gobierno José María Aznar de la Medalla de Oro del Congreso de EEUU. Asimismo, añade que las gestiones no pueden entenderse como dirigidas a la satisfacción de intereses puramente personales.

Así se concluye en el acta hecha pública ayer por el tribunal después de que se celebrara la correspondiente vista de liquidación provisional, a la que acudieron tanto la asociación de abogados denunciante «Preeminencia del Derecho» como la representación de los Servicios Jurídicos del Estado y de la Fiscalía en este asunto.

El Tribunal, en coincidencia con el informe realizado por el delegado instructor al que se encomendó este expediente, concluye que tras recibir la documetación sobre la gestión del contrato por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores «no se ha encontrado ningún tipo de indicio» sobre la existencia de desviación de poder o fraude de ley en la gestión del contrato que se suscribió con la empresa norteamericana Piper Rudnick. Además, se indica que este tema «constituye en cuanto a la cantidad aplicada a las gestiones de concesión de la medalla una ínfima parte del montante total del contrato suscrito», que según los denunciantes alcanzó los 2,3 millones.

Añade el instructor del caso que en el momento de firmarse dicho contrato «ya se habían iniciado, por diversos congresistas americanos, las gestiones para la concesión de la Medalla», de tal manera que la contemplación de gestiones en el contrato simplemente suponía una continuación de las anteriores.

Esta iniciativa, «dada la dimensión política que en nuestro sistema tiene el presidente del Gobierno», según el Tribunal de Cuentas, «no puede entenderse como dirigida a la satisfacción de intereses puramente personales, puesto que la incidencia o repercusión que la eventual concesión de la medalla hubiera supuesto incide claramente en beneficio de los intereses públicos del país».

Falta de legitimidad
El presidente de la asociación, José Luis Mazón, señaló a Ep que no recurrirán esta decisión ante el propio Tribunal de Cuentas, si bien tampoco dejarán morir el asunto, puesto que tienen previsto acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para pedir responsabilidades sobre lo ocurrido tal y como les sugiere el propio delegado instructor en su informe.

Hay que recordar que esta parte ya intentó utilizar esta vía legal con anterioridad, pero el Tribunal de Cuentas rechazó su recurso sin entrar en el fondo al alegar ya el Supremo falta de legitimidad de la parte.

En marzo de 2010, la Fiscalía emitió un informe señalando que a su juicio el ex presidente del Gobierno no incurrió en ningún tipo de responsabilidad contable porque, a su entender, la gestión del mediador buscaba «la satisfacción del interés público general, independientemente de la satisfacción personal» que le pudiera causar al entonces jefe del Ejecutivo.