Castilla-La Mancha

Zapatero permite endeudarse a Barreda y asfixia a Valcárcel

Existe un proverbio de la época de la Grecia clásica que reza lo siguiente: «El tiempo juzga a las verdades». Gran verdad la que condensa esta cita que todavía en la actualidad tiene plena vigencia. No en vano, el paso del tiempo ha sido el principal detonante para comprobar de primera mano que el sectarismo y el partidismo del Gobierno de Rodríguez Zapatero no tienen límites aparentes.

 
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Desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se viene denunciando desde hace más de tres meses el trato desleal que le está brindando el Ejecutivo central a colación con el consentimiento de la emisión de deuda. Se denuncia desde el Gobierno regional que la paridad brilla por su ausencia en la manera de obrar del PSOE. Los dirigentes de esta formación braman cuando escuchan esas aseveraciones y envisten contra sus emisarios tildándolos de crispadores y carentes de razón en sus planteamientos. En la circunscripción de la Región de Murcia, el equipo del PSRM representado por Begoña García Retegui, Pedro Saura, Teresa Rosique y Francisco Oñate entre otros arremete contra el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, cuando éste demanda un trato justo para la Región y que, entre otras reivindicaciones, se dote a Murcia de una financiación justa, no obvien los 450.000 ciudadanos que Zapatero no reconoce y por lo que no abona la deuda histórica y, por supuesto, que la vicepresidente primera del Gobierno de la Nación y ministra de Economía, Elena Salgado, autorice la emisión de deuda para Murcia porque de ello depende que todos los proyectos previstos para realizar en el presente ejercicio no queden paralizados sine die.

Por todo esto, el Ejecutivo autonómico ha denunciado un trato injusto y recriminatorio. Hasta ayer, todo eran palabras, pero en el transcurso del programa de análisis político de la televisión pública de la Región de Murcia (7RM), «Asuntos Internos», se ofrecieron los detalles de la disparidad de trato que ofrece el Gobierno Zapatero en función del color público del territorio. El exconsejero de Presidencia de la Comunidad murciana, Juan Antonio De Heras (lo fue desde la celebración de los comicios autonómicos del 27 de mayo de 2007 hasta la remodelación de Gobierno que acometió Valcárcel en septiembre de 2008), demostró de forma documental que todo estaba orquestado para que Castilla-La Mancha recibiera la liquidez que se le niega a Murcia para su paulatina asfixia. De esta forma, el Consejo de Gobierno del Ejecutivo manchego acordó el año pasado, mediante el Decreto 23/2010 de 27 de abril la creación de Deuda Pública durante los ejercicios de 2010 y 2011, hasta un importe máximo de mil millones de euros o su equivalente en otra divisa. Además, se estableció, en su artículo sexto, que correspondería a la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, la ordenación durante 2010 y 2011 de la emisión de Deuda Pública, fijar las características y condiciones de dicha deuda, así como la regulación del diseño y funcionamiento de los únicos o diferentes programas de emisión. La triquiñuela se llevó a cabo por orden precisa del Gobierno central al Banco de España. El cual, ha realizado hasta la actualidad cuatro pagos a la comunidad manchega. El primero de ellos, el 29 de noviembre de 2010 con una cantidad de 60 millones. Es decir, Barreda recibió el mencionado importe únicamente cinco días después de que la ministra Salgado señalara públicamente a manchegos y murcianos como los que tenían una economía «desviada». Lo hizo en la celebración del último Consejo de Política Fiscal y Financiera el 24 de noviembre de 2010.

El segundo pago para el Ejecutivo de Barreda se realizó el 13 de diciembre de 2010 y ascendió a una cantidad de 15 millones. El 2011 supuso una especial concentración de emisiones para Castilla-La Mancha, ya que en veinte días recibió un total de 127 millones.

Concretamente, 27 millones el 11 de enero y otros cien millones el 31 de enero. De esta manera, las cuentas que obran en poder de LA RAZÓN dejan bien a las claras que en las emisiones que el Banco de España ha realizado a Castilla-La Mancha, las arcas autonómicas han percibido 202 millones. Toda vez que lo acordado por el Consejo de Gobierno manchego dicta la creación de Deuda Pública hasta una cantidad máxima de mil millones para este año, se desprende que al Gobierno de Barreda le quedan 798 millones de euros para emitir como nueva deuda en lo que resta de año. Con esta composición de lugar y dados los antecedentes que hoy muestra este diario, se alcanza a comprender con gran clarividencia las declaraciones vertidas por la portavoz del Gobierno Barreda, Isabel Rodríguez, el pasado 8 de febrero de 2011 cuando calificó de «absoluta normalidad» la situación de la deuda manchega.

Rodríguez expuso que existían unas posibilidades de endeudamiento que están autorizadas y que aún no se había aprovechado. Por todo esto, declaró que «no hay ninguna situación dramática que no sea digerible en términos financieros». Claro está, la situación financiera no es preocupante porque el presidente del Gobierno central así se ha encargado de que sea diseñando una estrategia silente con el Banco de España como cooperador necesario. El doble rasero por el que se mueve el actual Gobierno de España es evidente. De lo contrario, no se alcanza a comprender cómo Barreda ha alcanzado un objetivo por el que Valcárcel está apostando con firmeza desde hace casi cuatro meses. La emisión de deuda para la Región es vital y por ello se aprobó el 23 de diciembre de 2010 en la Asamblea Regional de Cartagena la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

Una legislación que ha conllevado grandes revueltas sociales y la celebración de nueve manifestaciones e incontables concentraciones por parte de los sindicatos UGT y CC.OO. Todo ello, para alcanzar lo que ha logrado Barreda tan solo por ser de la banda de Zapatero. La discriminación ya no es teoría, sino pura práctica.