Sevilla
La Junta calla un año después de la liquidación de la deuda histórica
En marzo del año pasado, el Gobierno central y la Junta de Andalucía cerraron un acuerdo por el que se cancelaba la deuda histórica mediante el traspaso de solares e inmuebles y con la cesión de la empresa Agesa, por un total de 784,2 millones de euros.
Tras casi un año de aquel traspaso, que acabó con un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del PP-A un mes después, aún se desconocen qué movimientos se han realizado con dichos bienes pese a que la Consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, ha asegurado en varias ocasiones que los haría públicos.
Los Presupuestos para 2011 prevén unos ingresos por valor de 951,7 millones de euros provenientes de la venta de parte del patrimonio inmobiliario de la Junta.
En esta operación se encuentran las fincas del antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y los terrenos e inmuebles que llegaron con la deuda histórica. Sin embargo, las previsiones de la Junta de hacer negocio con la venta de los solares y los inmuebles se han visto truncadas debido a la escasa demanda del sector privado, por lo que se tuvieron que buscar estrategias de ingeniería financiera para poder lograr esos ingresos. La fórmula no ha sido otra que la venta y su posterior alquiler, denominada como «sale and leaseback», a las empresas públicas Agesa y Sogefinpa. A finales del pasado mes de enero, la Consejería de Hacienda y Administración Pública informó de que lleva vendidos 15 edificios administrativos. Se trata de los primeros de los 75 que la Junta ha enajenado para su posterior alquiler como oficinas. Con esta medida, han recaudado un total de 73,3 millones –la fórmula es habitual en varios estados europeos como Alemania y Austria–. La propia consejera adelantó entonces que no se realizarán más operaciones salvo las ya las aprobadas.
La compraventa se materializó con fondos de la propia Agesa, en un 30%, así como por medio de financiación externa y procedente del mercado, en un porcentaje del 70% del total. Se trata de 400.000 metros cuadrados de superficie construida situados en todas las capitales de provincia: cinco en Almería, seis en Cádiz, seis en Córdoba, siete en Granada, siete en Huelva, cinco en Jaén, cuatro en Málaga y 31 en Sevilla. El cómputo se completa con cuatro inmuebles más en Jerez de la Frontera, Marbella, Camas y San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Con esta maniobra, trata de mejorar sus cuentas ante las negativas del Gobierno central a aumentar su endeudamiento y mantener la estabilidad presupuestaria. Para los grupos de la oposición, el mecanismo no es más que una «fullería contable», en palabras de la portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña; y una estrategia «muy cara para la comunidad», según la calificó el secretario general de IULV-CA, Diego Valderas.
Desde la propia Administración se asegura que la Dirección General de Patrimonio no hace distinciones entre los inmuebles y solares que llegaron con la liquidación de la deuda histórica y los que se han puesto en venta y alquiler para mejorar las cuentas. «No hay una diferencia de bloques de propiedades», aseguran a LA RAZÓN fuentes de Hacienda y Administraciones Públicas. Por otro lado, desde que se conoció la liquidación de la Deuda Histórica, las dudas sobre la posibilidad de venta y su posterior urbanización han sobrevolado sobre ellos. Un ejemplo ha sido el de El Toyo II en Almería, unos solares adquiridos en ese proceso y sobre los que no se puede edificar por estar calificado como Lugar de Interés Comunitario.
El método tradicional sólo reporta un millón de euros
Para la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, fuera del modelo de venta y alquiler de inmuebles y solares a las propias agencias de la Junta de Andalucía, la Administración andaluza hace también negocio. Dejando de lado el «sale and leaseback», se ha ganado 1.326.560 euros con la realización de diez operaciones de venta de patrimonio tradicional. Se trata de un proceso que según la consejera «también va bien», y que ha consistido, principalmente, en la venta directa de una parcela en la calle Olivo de Jaén, ya que no se pudo llevar a cabo una subasta de la misma al no haber ningún comprador interesado. También se efectuaron otras nueve operaciones mediante el proceso de enajenación directa realizadas en la capital jiennense, cada una de ellas con un precio de 136.256.
Sin embargo, parece que la búsqueda de nuevos compradores no logra consolidarse y está previsto que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publique una nueva serie de inmuebles y parcelas en varias provincias para efectuar su venta o enajenación.
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