La Junta no ve «indicios potentes» para denunciar a Fernández o a Viera

Sevilla- «Cuando tengo indicios voy al juzgado, y si no voy más, con más personas, es porque no tengo un indicio suficientemente potente como para poder hacerlo». Es parte de la respuesta que el consejero de Empleo, Manuel Recio, dio ayer, en comisión parlamentaria, a la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, quien le había preguntado por qué la Junta «no ha denunciado penalmente» a «golfos» como Francisco Javier Guerrero, ex director general; al ex consejero Antonio Fernández, «al que echaron de Empleo porque les estorbaba»; o a José Antonio Viera, «gran encubridor de todo este asunto». «¿Por qué no les exigen responsabilidades patrimoniales?», planteó la popular, en relación a su supuesta participación en la trama de irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE).

Recio no se refirió a los aludidos pero sí lamentó que el PP abandere un principio: «Que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestra que es socialista». Aseveró que la Junta irá «por la vía administrativa, por la penal, o por cualquier otra, contra todos aquellos que se demuestre que han cometido una irregularidad en la utilización de dinero público». Y se responsabilizó a sí mismo de reponer las arcas regionales al afirmar: «Recuperaré hasta el último céntimo que haya sido mal utilizado y lo usaremos en aquello que debería haberse empleado».

Según el consejero, «hoy por hoy no existen indicios suficientemente potentes». Y ello, pese a que Ruiz Sillero le recordó que «en dos sentencias, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dicho que había un desprecio total al derecho en el ‘fondo de reptiles'» y acusó al Gobierno andaluz de «haberse saltado a la torera toda la legalidad» y de «haber robado 1.000 millones a los parados andaluces».

La popular dio por hecho, además, que Recio «no persigue la verdad» y mantuvo que «está amenazado por sus compañeros de gobierno». «Está atado –le espetó a continuación– y protegiendo a sus compañeros del Consejo de Gobierno porque están todos salpicados por esta trama».

El titular de Empleo, por su parte, insistió en sus turnos en que el Ejecutivo autonómico «ha sido y será absolutamente implacable» frente a quienes hayan podido cometer alguna ilegalidad e instó al PP a acudir a los tribunales «si tiene indicios de que está implicado en este caso todo el Consejo». «Hemos actuado con la máxima diligencia que hemos sido capaces para poner la información a disposición de la juez –Mercedes Alaya, instructora del caso–», sostuvo. Incluso proclamó: «Creo que mi procedimiento de colaboración con la Justicia y la supervisión que ha sido hecha en el caso de los expedientes de regulación de empleo es ejemplar». Según explicó, funcionarios «de máximo nivel» examinaron grupos de expedientes y el 24 de marzo se dio por finalizada la investigación interna al «cien por cien». ¿El resultado?: «Se han remitido a la juez 55.631 folios y 68 expedientes». Recordó, asimismo, que la Cámara de Cuentas también ha procedido a la fiscalización de las polémicas ayudas.