Cameron ofrece a los funcionarios una huelga de 15 minutos con sueldo

Se espera que más de un millón de empleados del sector público del Reino Unido haga huelga el 30 de noviembre en protesta por los cambios anunciados por el Gobierno a sus pensiones, que, en general, implicarán trabajar más años por menos dinero.

En un último intento de evitar el paro, uno de los negociadores gubernamentales, el conservador Francis Maude, indica hoy en el "FT"que el Ejecutivo de David Cameron aceptaría hacer la "vista gorda"a una huelga simbólica de 15 minutos si a cambio se suspendiera la convocatoria de 24 horas.

"Aceptaríamos algún tipo de acto simbólico (...) No me imagino a ningún empleador del sector público que dijera que si se hace una huelga simbólica de 15 minutos que no afecta a los servicios públicos, se pierde un día de sueldo", declaró Maude.

Así, en caso de hacer la minihuelga, los funcionarios mantendrían intacto su salario, mientras que, con un paro de jornada completa, se les descontaría la parte proporcional, tal como marca la ley.

En reacción a la propuesta, Brian Strutton, del sindicato general GMB, la tachó de "tontería"y recordó que "se habla de una huelga, no de un descanso para tomar el té".

Brendan Barber, secretario general de la confederación de sindicatos TUC, apostilló que si Maude "hubiera querido que esta propuesta se tomara en serio"la hubiera tenido que plantear en la mesa de negociación y no "utilizarla como propaganda en una entrevista con la prensa".

En sus declaraciones al diario, Maude indica también que, si los sindicatos no "se esfuerzan para llegar a un acuerdo"sobre pensiones, se arriesgan a la introducción de nuevas restricciones en la ley de huelga, que ya es muy limitada en este país desde la época de la primera ministra conservadora Margaret Thatcher.

Varios políticos conservadores, incluido el alcalde de Londres, Boris Johnson, han pedido un cambio en la legislación que prohíba hacer huelga si esta no ha sido aprobada en una votación con una participación de más del 50 % de los empleados.

Actualmente, se considera aprobada la medida de fuerza cuando más del 50 % de los trabajadores que votan la secundan, al margen de las estadísticas de participación.

Para romper el bloqueo en la negociación sobre pensiones, el Gobierno conservador-liberaldemócrata hizo este mes una nueva oferta que prevé que el retraso previsto de la edad de jubilación hasta los 67 años no afecte a los funcionarios que vayan a jubilarse en la próxima década, que a su vez mantendrían invariable el monto de su pensión.

También ofreció subir el límite de las contribuciones estatales y mejorar el ratio por el que las pensiones aumentan su valor anualmente.

Sin embargo, los sindicatos han lamentado que la oferta no aborde aspectos que consideran clave, como el retraso impuesto de la edad de jubilación o el incremento obligatorio de las contribuciones de los trabajadores.