Los herederos de Miguel Hernández inician el traslado del legado a un banco

Los herederos del poeta Miguel Hernández han iniciado hoy el traslado de los documentos que integran el legado del literato desde el archivo municipal de Elche hasta la caja fuerte de una entidad bancaria ubicada en la ciudad.

Así lo ha confirmado en declaraciones a Efe la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, quien ha acudido al archivo municipal ilicitano en compañía de su hija y nieta del literato, María José Hernández, y su abogado, para comprobar el estado de los fondos antes de proceder al traslado, que previsiblemente finalizará mañana.

Según Izquierdo, "ya ha sido trasladada la mitad de los 5.000 documentos, manuscritos y objetos personales del poeta". "Estamos comprobando el estado de cada uno de los documentos, repartidos en unas 250 cajas", ha precisado la nuera de Miguel Hernández, quien ha opinado que la nueva ubicación "garantizará la perfecta conservación"del patrimonio.

El ayuntamiento de Elche ha tenido en depósito durante los últimos 27 años el legado del poeta y en 2010 el anterior equipo de gobierno, del PSPV-PSOE, acordó renovar el convenio para que los fondos siguieran durante 20 años a cambio de 3 millones de euros, 1,6 para la familia y el resto para el desarrollo de una fundación cultural para promover y difundir la obra.

Sin embargo, las nuevas autoridades ilicitanas, del PP, han esgrimido las actuales dificultades económicas para revocar el acuerdo.
 
"Han decidido revocar un convenio totalmente legal", ha afirmado Izquierdo, antes de acusar a la alcaldesa ilicitana, Mercedes Alonso (PP), de haber "enlatado"al literato con la "paralización"de un proyecto "hermoso"que conllevaba la difusión de su obra, vida e imagen.

"Han dicho que la familia de Miguel Hernández somos unos vividores y que no queremos trabajar, sino que queremos vivir de los impuestos del pueblo", ha dicho Izquierdo, quien has remarcado que Alonso deberá demostrar "ante los tribunales"ese supuesto cobro de tres millones de euros por parte de la familia.

En este sentido, ha explicado que, según el convenio rubricado, los herederos ingresarían 1,6 millones de euros, siendo el resto del dinero para la puesta en marcha de una fundación destinada al estudio y difusión de la vida y obra del poeta.

"Los jueces tienen que conocer el daño irreparable que se ha hecho al estudio y divulgación de las creaciones literarias de Hernández", ha dicho Izquierdo, tras lamentar que los investigadores y estudiosos que tenían previsto analizar el legado en los próximos tiempos verán dificultado su propósito.

En la misma línea de críticas, ha hecho referencia a una partida presupuestaria de 150.000 euros aprobada por el anterior equipo de gobierno para la puesta en marcha en 2011 de una fundación dedicada al estudio de su obra, cantidad que, a su juicio, "ha tenido que ser desviada a otros menesteres".

"No dudamos de la existencia de una crisis económica, pero esa cantidad ya había sido presupuestada y se podría haber destinado también a la catalogación de las nueve cajas pendientes de inventariar", ha apuntado la nuera del poeta.

Preguntada por la digitalización del 85 por ciento del legado por parte del ayuntamiento, Izquierdo ha anunciado que, en caso de utilización alguna de ese material, la "cuestión será trasladada a los juzgados", por lo que ha instado al gobierno local a "esconderlo bien con llave en algún cajón".

Por su parte, el abogado de la familia, Carlos Candela, ha comunicado que la demanda que interpondrán contra el consistorio por presunto "incumplimiento del convenio"ya está prácticamente finalizada.

En su opinión, el motivo económico esgrimido por los populares "está totalmente infundado", pues "las cantidades correspondientes a los salarios de algunos asesores de Alcaldía se podrían destinar al pago de los 84.000 euros brutos anuales que debería percibir la familia"en concepto de derechos de imagen y asistencia a actos relacionados con la promoción del poeta.
 
Además, según el letrado, la demanda constará de dos partes: daños y perjuicios y daños morales, esta última como consecuencia de las "mentiras vertidas por el gobierno local sobre el supuesto cobro de tres millones de euros por parte de los herederos".