Niños prisioneros de sus padres

Y, literalmente, huyen con los pequeños a sus países de origen pese a no poseer la custodia. El temor de la víctima ante un lavado de cerebro por parte del raptor está más que justificado. Y el principal riesgo reside en que estos niños pueden no querer regresar jamás. La Fundación Child Care es una de las ONG que presta ayuda legal a los afectados. La solución no es fácil: en un 64 por ciento de los casos, estos menores no son recuperados.

Así se desprende del «Informe estadístico de casos sobre sustracción interparental de menores en España», elaborado por la fundación, que resume sus 13 años de experiencia con 478 casos atendidos. Una quinta parte de las sustracciones eran múltiples, pues involucraban a varios hermanos. Así, unos 600 pequeños estaban involucrados. Y, «con seguridad, el número de casos registrados en nuestro país en los últimos diez años se acerca al millar», afirma Adolfo Alonso, abogado de familia y presidente de Child Care.

El progenitor que se ve separado de sus hijos es con frecuencia la madre –en un 68 por ciento de los conflictos–. En cuanto a la edad de los menores, la franja más elevada está entre los tres y cuatro años. La situación familiar en el momento que surgen los problemas «no supone una póliza de tranquilidad para ningún vínculo jurídico o familiar». En una tercera parte de los casos, la pareja había disuelto judicialmente su vínculo, mientras que en el 24 por ciento se encontraba en trámites de separación. En un 18 por ciento de los conflictos, se trataba, aparentemente, de matrimonios consolidados.

La crisis ha agravado el problema. El pasado año, la ONG registró un repunte del 11 por ciento, una cifra «que coincide con el inicio del retorno de inmigrantes a sus países de origen, motivado por el aumento del desempleo». En años anteriores, de una mayor afluencia de inmigrantes, también hubo un ascenso. «Podemos entender que la línea de tendencia viene marcada por el aumento paulatino de población extranjera residente en España», asegura el informe. Así, en un 29 por ciento de las ocasiones, el sustractor es de origen europeo; en un 25 por ciento de los casos proviene del norte de África; en un 17 por ciento de Sudamérica, y en un 13 por ciento, de Oriente Medio.

Laberinto burocrático
¿Qué impide a estos padres y madres recuperar a sus hijos? Un laberinto burocrático. El Convenio de La Haya de 1980 reconoce la ejecución de sentencias extranjeras en países miembros, como es el caso de España, lo que obligaría al traslado del niño. Sin embargo, algunos países, como los árabes, no son firmantes. «Sólo se ha firmado un convenio con Marruecos y no funciona de forma satisfactoria», señala Alonso. Y aunque sean miembros, la diferencia de legislaciones entre países eterniza los procesos. De ahí que sólo un 36 por ciento de los niños haya sido recuperado.

Sólo en una tercera parte de los casos con final feliz el regreso fue pactado, mientras que en el 66 por ciento «fue necesaria la fuerza coactiva de la ley». Eso sí, como consecuencia de las dificultades impuestas, «sólo en el 16 por ciento de los casos de recuperación de los menores se permiten las visitas físicas del padre o de la madre que en su día retiró al menor de su entorno por la fuerza».