Deriva autoritaria en Budapest

Un año después de estrenar su Presidencia de la UE con una polémica «ley mordaza» que limitaba la libertad de prensa, el Gobierno húngaro del conservador Viktor Orban se ha superado a sí mismo aprobando una Constitución a la medida criticada por la oposición, la UE y EE UU. El 1 de enero, la República Húngara pasó a llamarse Hungría y estrenó una Carta Magna que se encomienda a Dios, al orgullo patrio, la cristiandad y la familia tradicional... El texto, aprobado en solitario por los conservadores de Fidesz, que controlan dos tercios del Parlamento, aumenta el poder del Gobierno sobre el Tribunal Constitucional y el Banco Central. Precisamente, la pérdida de independencia del banco emisor llevó a que el FMI y la UE rompieran el 16 de diciembre las negociaciones para conceder a Budapest un préstamo millonario. Sólo una vez que dos agencias de calificación colocaron a la deuda húngara a la altura de los «bonos basura», el Gobierno magiar se aprestó a volver a negociar sin condiciones previas.

El 23 de diciembre, la mayoría de centro derecha asestó otra vuelta de tuerca a la democracia aprobando una nueva ley electoral que reduce el número de diputados, elimina la segunda vuelta y redistribuye las circunscripciones a favor de los intereses de Fidesz. Además, en línea con su discurso nacionalista, Orban concede el derecho de voto a los húngaros que residen en el exterior. Frente a las críticas, el líder magiar responde que «nadie puede meterse con lo que hacemos». Sin embargo, su política ha obrado el milagro de unir a la oposición, que protagonizó una multitudinaria manifestación el 2 de enero frente a la Ópera de Budapest. Al grito de «Fuera Orban» o «Error 404. Democracia no encontrada», unas 100.000 personas salieron a la calle para expresar su malestar. Un año y medio después de ganar las elecciones con un 52%, la intención de voto de Fidesz ha bajado al 20%.