Piden 113 años de cárcel para una red acusada de prostituir a mujeres

El escrito de calificación señala a los 13 procesados como presuntos autores de un delito contra los ciudadanos extranjeros y otro de prostitución y corrupción de menores por los que interesa una pena individual de cuatro y tres años de cárcel respectivamente.

El Ministerio Público pide, además, el pago de sendas multas de 15 meses a razón de 20 euros al día. A todos, excepto a los propietarios de los clubes en los que trabajaban las mujeres, dos hombres identificados como Rodrigo A.V. y Rogelio F.M., les considera, así mismo, autores de un delito continuado de falsedad en documento público por el que solicita dos años de prisión y el pago de una multa de diez meses a razón de 20 euros al día.

La acusación sostiene que Irina G.V., Ramudas R., Marian T., Iulius P, Iordache B., Ivan P., Mircea V., Svetlana M., Ludimica M.S., Gabriel G., e Ion R. constituían una banda que se dedicó desde el año 2001 a traer de Rumanía a mujeres a las que facilitaban un lugar donde dormir, documentación falsa ya que carecían de permiso de trabajo y residencia, y locales en los que ejercer la prostitución.

Aunque entre la víctimas se hallaban "ocasionalmente"menores de edad, la Fiscalía asegura que "no consta"que trabajasen en los clubes de alterne "contra su voluntad"si bien procesa a los propietarios de los clubes 'Paradise' en El Ejido (Almería) y Roy Plaza', ubicado en el kilómetro 520 de la Autovía del Mediterráneo (A-7) ya que conocían la situación irregular de las mujeres en el país y consentían estas actividades a menores de edad, con las que se "lucraban".

La organización contaba con viviendas ubicadas en el municipio ejidense, la urbanización 'La Envía Golf' de Vícar, la Puebla de Vícar y El Parador, en Roquetas de Mar. En estos inmuebles convivían, según recoge el Ministerio Público, los integrantes de la banda y las mujeres, quienes eran trasladadas a diarios en dos vehículos hasta los locales regentados por Rodrigo A.V. y Rogelio F.M.

Durante los registros domiciliarios efectuados en el marco de la operación policial desarrollada en septiembre de 2002, los agentes hallaron documentación falsa, así como los útiles que les servían para fabricarlos, entre ellos, sellos, fechadores, tampones, números de caucho y tubos de ensayo con tinta fluorescente de color rojo.