Sobresaliente al Gobierno Herrera por su aplicación de la Ley de Dependencia

Valladolid- Castilla y León se encuentra a la cabeza de la España autonómica en la aplicación de la Ley de Dependencia, tanto por la atención que presta a las personas dependientes, como por la buena gestión de los fondos que recibe y la agilidad en la utilización de los servicios. Lo dice el Observatorio Estatal para la Dependencia en su última evaluación, que otorga al Gobierno que preside Juan Vicente Herrera la nota máxima: diez sobre diez.
Una noticia recibida con satisfacción, pero sin triunfalismos, por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Para Milagros Marcos, «esto, lo único que hace es animarnos a seguir trabajando en el empeño que nos hemos propuesto, y en nuestra voluntad de ser útiles a los castellanos y leoneses. Eso es lo que importa». «Seguiremos tomándonos muy en serio la responsabilidad que tenemos para llegar a todos los que necesiten de nosotros en tiempo y forma a la hora de aliviar cualquier carencia, y asegurar en la medida de lo posible la calidad de vida de las mujeres y hombres de pueblos y ciudades de toda la Comunidad», declaró la consejera a La Razón.

Castilla y León obtiene la máxima puntuación al igual que el País Vasco, las dos únicas regiones que han alcanzado el sobresaliente en la aplicación de la Ley de Dependencia. Y sobre todo ahora, en plena crisis económica, y cuando se ha detectado una paralización y un estancamiento de la aplicación de la normativa a nivel general en toda España. No en vano, este último análisis ha sancionado a otras muchas autonomías que antes eran emblemáticas como Cataluña, que retrocede, al pasar de un notable a su actual 6,5 de nota. E incluso Castilla La Mancha y Aragón, que aunque mantienen un 8,5 de calificación, han descendido un punto respecto a la anterior evaluación realizada hace seis meses.

Respecto al gasto por habitante al año en la atención a la Dependencia, la media en España está en los 124 euros mientras que en Castilla y León el coste es de 168,69 euros, seis euros menos que lo que supone para un ciudadano vasco. Un dato que coloca a la Región por encima de la última cifra que se situó en los 129,78 euros por habitante al año.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades destaca asimismo que toda esta atención «se lleva a cabo en Castilla y León a pesar de contar con menos dinero procedente del Gobierno de España». Milagros Marcos recuerda que esta Ley nació hace cinco años sin una financiación adecuada y a lo largo de los años el Gobierno socialista tampoco ha sabido o no ha querido dotarla de los recursos necesarios y suficientes. «Y hemos tenido que ser las comunidades autónomas y los propios usuarios del sistema por separado los que hemos tenido que afrontar la mayor parte de los costes». Sobre este esfuerzo, el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia lo pone de manifiesto en su última evaluación, al contraponer lo dedicado por el Gobierno de España y la comunidad autónoma. Y en este caso, Castilla y León supera con creces al Ejecutivo socialista de Zapatero en el dinero destinado a la atención de los dependientes: 116,11 euros del Gobierno Herrera, frente a los 52,78 millones de euros de la Administración General del Estado. «No somos la región que más gasta pero sí que la mejor atiende», destaca la consejera, que pone a los profesionales y a la apuesta de la Junta por unificar el sistema de acceso a los servicios sociales, como claves del éxito logrado en materia de atención a la Dependencia.

A fecha de 1 de diciembre de este año, hay 88.550 castellanos y leoneses que tienen valorada su situación de dependencia, de las cuales 64.964 tienen derecho a una prestación.
 

Familiares y voluntarios atienden al 75 por ciento
En España hay 2,3 millones de personas con alguna dependencia, de las que 160.000 viven en Castilla y León, el 6 por ciento de la población regional. La mitad tiene un grado de limitación que alcanza al menos 25 puntos, puntuación mínima en una escala que va hasta 100 para poder tener derecho a una prestación, según un reciente estudio realizado por profesores de las Universidades de Vigo y Santiago. De estas, 80.000 persona sufren una gran dependencia, de grado III; el 28,39 por ciento padece una dependencia severa de grado II, y el 47,11 por ciento presenta una dependencia moderada de grado I. El 75 por ciento de los 159.013 dependientes es atendido por sus familiares o voluntarios y el 25 por iento restante en centros.