Memoria de una masacre

El ministro del Interior ha tenido el acierto y la sensibilidad de homenajear a las víctimas del terrorismo en el 25 aniversario de la masacre de Hipercor. Aquel atentado en el corazón de Barcelona mostró al mundo la verdadera naturaleza de ETA frente a la imagen romántica que muchos nacionalistas y parte de la izquierda propagaban dentro y fuera de España. De hecho, fue muy elocuente que estas fuerzas políticas no tuvieran empacho en desviar la culpa hacia la Policía por no haber actuado «con diligencia» ante una supuesta llamada de aviso de los etarras. Tal indignidad sería hoy impensable, pero no entonces, cuando no faltaban dirigentes dispuestos a «explicar» por qué ETA cometía atrocidades y a cargarle la responsabilidad al Estado de Derecho. Aquella matanza, que le costó la vida a 21 personas e hirió a 45, fue la consecuencia lógica de una banda que pretendía imponer su ideario político mediante el terror. En contra de lo que se dijo entonces, y aún ahora se sostiene, no fue un «error» de estrategia ni de cálculo de los pistoleros, como si éstos tuvieran límites morales o principios éticos. La lógica terrorista conduce, antes o después, al horror, a la exterminación indiscriminada. Por fortuna, y porque la sociedad española había alcanzado una madurez democrática a prueba de bombas, la masacre no derivó en males mayores para la convivencia y reafirmó a los españoles en su convicción de que ETA acabaría siendo erradicada y derrotada. Veinticinco años después, los hechos le han dado la razón. Los autores e inductores del atentado se pudren en la cárcel y la banda da sus últimas boqueadas. Las víctimas, la democracia y España han ganado; los pistoleros, su brazo político y sus coartadas de izquierda han perdido. Así de claro. Lo proclamó ayer con rotundidad el ministro Jorge Fernández ante el nutrido grupo de víctimas que condecoró: «Tiene que haber vencedores y vencidos». Y también: «El Gobierno jamás negociará con ETA ni con sus presos». Resulta reconfortante la firmeza de estas declaraciones porque reflejan la fortaleza de las instituciones democráticas que nos hemos dado los españoles. Lo contrario habría sido la derrota del Estado de Derecho, la claudicación de la Justicia y la indignidad. Es cierto que los mismos que hace 25 años intentaron culpabilizar a la Policía trabajan ahora para que ETA no sea derrotada, sino prejubilada con derecho al reingreso. De ahí que defiendan con ardor la legalización de Sortu, otra de las marcas etarras. El Tribunal Constitucional está a punto de resolver la cuestión y, según sólidos indicios, dará satisfacción a los batasunos, como ya hizo con Bildu. No parece muy comprensible que el brazo político de aquella banda que el 19 de junio de 1987 destripó Barcelona sea hoy legalizado sin que los pistoleros hayan sido erradicados ni hayan pedido perdón ni reparado a las víctimas.