La sentencia de 1935

Los dirigentes políticos catalanes embarcados en la aventura del Estatuto de 2006 están sumidos en la perplejidad y la zozobra. Nuevamente Cataluña está pendiente de una sentencia judicial. Entre 1934 y 1935 se estaba en idéntica situación con el agravante de que entonces el gobierno catalán –por su inconciencia– fue condenado a presidio por no querer aceptar la legalidad constitucional. El fiscal de la República Lorenzo Gallardo lo planteó magistralmente. Estamos ante un tema político que arranca de la interpretación de la proclamación de la República el 14 de abril de 1931. Ahora se dice que el Estatuto responde al espíritu de la Constitución de 1978, aunque la letra no lo recoja. Respecto a la Ley de Contratos de Cultivo de 1934, reconoce que es el antecedente de la rebelión del 6 de octubre, al no querer aceptar Lluís Companys su inconstitucionalidad. El fiscal denuncia que la Generalidad de Cataluña no estaba dispuesta a acatar las disposiciones del Poder Central si éstas no respondían a Derecho, lo que era interpretada por ella misma. Sin aceptar el arbitraje del Tribunal de Garantías Constitucionales, lo mismo que ahora con el Tribunal Constitucional. En cuanto al federalismo no es más que una artimaña para tapar la proclamación del Estado catalán. No podemos repetir lo ocurrido en el año 1935, pues lo que entonces fue drama puede acabar convirtiéndose en farsa.