Córdoba

La Junta califica de «publicidad judicial» la querella de Safja ante el Supremo

Ya hay recursos abiertos en el Tribunal Constitucional, en el Superior de Justicia de Andalucía y en el TS.

La consejera de Presidencia, con Griñán, el viernes en el Parlamento
La consejera de Presidencia, con Griñán, el viernes en el Parlamentolarazon

CÓRDOBA- La consejera de Presidencia, Mar Moreno, aseguró ayer que la querella que presentó el viernes el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ante el Tribunal Supremo (TS) contra todo el Gobierno andaluz por un delito de prevaricación, a cuenta de la reforma de la función pública en Andalucía, no es más que «un acto de publicidad judicial».
La «número dos» del Ejecutivo, quien, junto al consejero de Cultura, Paulino Plata, y el alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), se reunió en la capital cordobesa con el Grupo de Trabajo de la Capital Europea de la Cultura (CEC) Córdoba 2016, reaccionó de este modo, mientras decenas de funcionarios públicos la abucheaban por la calle.
Safja ha interpuesto una querella criminal ante la Sala de lo Penal del Supremo contra los integrantes del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a quienes acusa de la presunta comisión de un delito de prevaricación por aprobar, vía decreto, el plan de reordenación de la función pública en Andalucía.
Ante esto, la titular de Presidencia del Ejecutivo autonómico recordó que «una querella similar se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y, como es natural, fue archivada sin más trámite, porque no hay absolutamente ningún fundamento de naturaleza jurídica que deba inquietar al Gobierno, a los funcionarios o a la ciudadanía».
De hecho, según argumentó la consejera de Presidencia, «más que una cuestión jurídica, esa querella ante el Tribunal Supremo es, evidentemente, un acto de publicidad judicial, es decir, es un acto con una carga más política que jurídica o sindical».
Así las cosas, actualmente hay recursos contra los dos decretos de reordenación del sector público –el derogado de julio y el de noviembre, que se tramitará como Proyecto de Ley– en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el Tribunal Constitucional y en el Supremo.