Escuchas legalesM por José Clemente

El «caso Umbra» está cada día que pasa más completito de todo y por el camino que lleva acabará por no faltarle nada de nada. La Fiscalía que dirige Manuel López Bernal y el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, cuyo titular es el juez David Castillejos, han cogido a todos los asistentes al «casting» para el culebrón de la telenovela del «caso Umbra» y en sus estudios (los juzgados), ya no cabe nadie más. Por tener ya tienen a algún político presuntamente implicado, así como a varios concejales, la gerencia de Urbanismo, los servicios jurídicos, distintos abogados, secretarias, arquitectos de sobrado prestigio y algún que otro «hombre de paja». Estos fiscales y jueces de hoy son unos zorros. Lo que les digo, no les falta de nada, eso sí, todos ellos, absolutamente todos ellos, vinculados directa o indirectamente al PP. ¿Qué extraña coincidencia? ¡Es que son unos zorros! Pues bien, no les faltaba de nada pero miré usted que la abundancia perturba a veces otros sentidos tan necesarios o más que la posesión ilimitada, como es la clarividencia y el sentido pleno de la justicia. Trasciende ahora con el levantamiento de una parte del secreto sumarial que el abogado Higinio Pérez Mateos, también implicado en el «caso Umbra», fue objeto de escuchas telefónicas que suponemos ¿legales? en tanto que son autorizadas por un juez instructor, pero que invitan a ciertas reflexiones a un leguleyo no excesivamente puesto en estas materias.

Que uno sepa las escuchas telefónicas sólo están permitidas para dos supuestas tipologías penales, es decir, los delitos de terrorismo y los clasificados como narcotráfico. El Tribunal de Estrasburgo o Corte Suprema de Derechos Humanos acostumbra a penalizar con bastante frecuencia aquellas conductas ¿prevaricadoras? de otros tribunales menores o de los encargados de hacer cumplir la ley cuando se transgreden los derechos fundamentales de los investigados. Es el principio subjetivo de no delinquir para cazar al delincuente. Y también, según el derecho procesal, la igualdad de oportunidades y conocimiento de lo investigado, tanto por la parte acusatoria como por la defensora. Desconozco si eso ha podido suceder en este supuesto que ahora argumenta Higinio Pérez Mateos en el recurso donde pide la nulidad de las actuaciones judiciales y que califica como «redes de arrastre», porque a su juicio se han podido vulnerar derechos y garantías constitucionales como el secreto de las comunicaciones, el derecho de igualdad de armas entre acusación y defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías. No olvidemos que al juez Baltasar Garzón le tumbaron parte del «caso Camps» por algo semejante a lo que ahora denuncia Pérez Mateos.

Vamos, que al «caso Umbra» como decía al principio ya no le falta de nada, y que por tener hasta ya cuenta con secretarias que cogieron la baja ante la presión del caso de un despacho despechado del PP murciano. O que tengan también a un imputado huido de la justicia con una joven caribeña. O que se hayan realizado escuchas telefónicas ¿legales? como si se investigara el paradero de José Ignacio de Juana Chaos o de Laureano Oubiña. Hasta aquí no he hecho otra cosa que retratar la realidad. ¿O me quedo corto?