El PP estudia llevar a los tribunales el veto del Senado a su candidato al TC

El veto acordado por la mayoría de la Mesa del Senado al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, como candidato al Tribunal Constitucional, no mueve un ápice de su posición al PP. La dirección popular mantiene la propuesta acordada por sus comunidades autónomas e «irá a por todas» para defenderla, tanto en el plano parlamentario como jurisdiccional. Por un lado, su portavoz, Pío García Escudero, elevará la pertinente protesta a la Mesa en cuanto reciba la comunicación oficial. Por otro, Génova estudia todas las posibilidades en materia jurisdiccional, sin descartar llegar hasta el propio Tribunal Constitucional. La razón la encuentra en un informe del Secretario General de la Cámara Alta de 2008, cuando se puso en marcha el proceso de renovación del Constitucional de acuerdo con la nueva legislación ad hoc impulsada por el PSOE para trasladar a las comunidades autónomas la responsabilidad de designar a los candidatos que corresponde ratificar al Senado. En ese informe de Francisco Cavero, de octubre de 2008, se reconoce que la Mesa, órgano de gobierno de la Cámara, no es un órgano competente para decidir si el perfil de los candidatos propuestos por las comunidades autónomas es el idóneo. La Mesa se encarga de gestionar el día a día parlamentario, pero ayer, de manera excepcional, adoptó una decisión jurídica y, al mismo tiempo, le enmendó la plana a los Parlamentos autonómicos a los que, previamente, el PSOE había declarado competentes para proponer los candidatos al Constitucional. El PP planteó esa renovación en clave nacional, y todas sus comunidades votaron en bloque a los dos mismos nombres: el de López y el de ex presidente del Consejo General del Poder Judicial Francisco Hernando. El PSOE, por contra, primó el criterio territorial, y de ahí el bazar resultante de posibles candidatos, ya que en cada una de sus comunidades primó al representante de la tierra. El Senado retomó ayer la renovación de los cuatro magistrados que debe designar para sustituir a la actual presidenta, María Emilia Casas, su vicepresidente, Guillermo Jiménez, y a Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde, cuyo vencimiento de mandato se produjo en diciembre de 2007. Así se lo trasladó su propio presidente, Javier Rojo, al TC. Detrás están las prisas del PSOE para rebajar la presión del presidente de la Generalitat, José Montilla, para que se ejecute la renovación pendiente después de que haya quedado en evidencia que la actual mayoría considera inconstitucional el Estatut, aunque no haya acuerdo sobre el alcance de esa inconstitucionalidad. La Cámara Alta decidió ayer aceptar a todos los candidatos propuestos por los distintos Parlamentos autonómicos, excepto a dos: a López, avalado por el PP, y a Juan Carlos Campo, respaldado por el PSOE. Ambos fueron vocales en último CGPJ. El motivo esgrimido es que no reúnen los quince años de ejercicio activo como jueces, requisito indispensable para acceder al Alto Tribunal: no les computar los siete años en que permanecieron en el órgano de gobierno de los jueces. Los populares rechazan de plano que no se contabilice esa etapa, en la medida en que el CGPJ es el máximo órgano de los jueces y «quienes forman parte de él ejercen como tales». El PP también entiende como una «trampa» el veto a Campo, invalidado ya de por sí porque es el actual secretario de Estado de Justicia –es un hombre de la plena confianza del vicepresidente Manuel Chaves, con quien trabajó en la Junta de Andalucía. «Campo es sólo la coartada para obligarnos a reaccionar y para decirle a Montilla que la culpa de que no haya renovación es del PP».

Los candidatos apartados

PP. ENRIQUE LÓPEZ- Actual magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Fue portavoz en el último Consejo General del Poder Judicial- Avalado por el Partido Popular, fue propuesto por los parlamentos autonómicos de Madrid, Extremadura, Cantabria,Castilla y León y La Rioja.

PSOE. JUAN CARLOS CAMPO- Llegó a la secretaría de Estado de Justicia cuando Francisco Caamaño sustituyó a Mariano Fernández Bermejo al frente de ese ministerio. Hasta entonces, estaba destinado en la Audiencia Provincial de Cádiz.- Su candidatura procede del Parlamento andaluz. Se le considera una persona de confianza del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.