Los padres dicen que el Govern incurre en un «fraude de ley» con el castellano

BARCELONA- Las familias que piden una educación bilingüe para sus hijos presentarán hoy, a través de Convivencia Cívica Catalana (CCC), un recurso que tiene como objetivo anular la suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el fallo dictado por el mismo tribunal, que daba de plazo a la Generalitat hasta el 2 de noviembre para equiparar el castellano con el catalán en la escuela. El Govern recurrió y consiguió la moratoria.

«Uso fraudulento»
El recurso de los padres indica que el Govern «está haciendo un claro uso fraudulento de las normas procesales, buscando conseguir un fin injusto», en referencia al incumplimiento del fallo del TSJC por parte de Educació. El fallo del Alto Tribunal catalán está basado en anteriores sentencias del Tribunal Constitucional(TC) y también del Tribunal Supremo (TS), que señalaban que el castellano debe ser lengua vehicular en Cataluña. Los mismos padres que recurrieron son los que ahora interponen este recurso contra la moratoria.
El abogado de CCC, Ángel Escolano, que representa a estas familias, explicó a LA RAZÓN que «en su recurso, el Govern reconoce expresamente que la auténtica finalidad es modificar el fallo del TSJC. «Todo va encaminado a cuestionar y discutir el fallo del Supremo», indica el recurso de los padres.
Los padres argumentan que el artículo 6.4 del Código Civil dicta que «los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley, y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir». Por lo tanto, los padres piden proceder a inadmitir a trámite el recurso planteado por la Generalitat, ejecutado contra el fallo del TSJC. «Con la ley en la mano, soy optimista respecto a nuestro recurso», explicó Escolano a este diario.
Estas familias esgrimen que la sentencia del TSJC indica con claridad que «ambas lenguas cooficiales en Cataluña deberían ser vehiculares en la misma proporción». Cabe recordar que, pese a las numerosas sentencias dictadas en esta misma línea por todos los tribunales citados, la Generalitat ha hecho siempre caso omiso de ellas.
Dice el recurso que «el Govern en ningún punto de su texto da justificación o prueba alguna de que haya reintroducido como lengua vehicular el castellano». La consellera de Educació, Irene Rigau, dijo en el día en el que se dio a conocer el auto del TSJC que «el curso escolar comenzará sin modificación alguna». Los padres consideran que «es notoria la voluntad de incumplir dicho fallo y mantener inalterada la actual situación».
El recurso de los padres recuerda que la sentencia del TC indica que «nada permite que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza».
También esgrimen los padres que para que ambas lenguas lenguas no sean tratadas igual «debería acreditarse la existencia de un déficit en el proceso de normalización del catalán». El recurso aporta datos para reafirmar que no existe tal lastre, asegurando que el 93,80 por ciento de la población catalana lo entiende.

Tres procesos
1.- Sentencia del TSJC
El Alto Tribunal catalán dicta que a partir del próximo 2 de noviembre el castellano tiene que ser lengua vehicular en las escuelas.
2.- Recurso del Govern
Educació recurre y defiende su modelo de inmersión lingüística. El TSJC suspende cautelarmente su ultimátum al Govern.
3.- Recurso de los padres
Las familias que quieren una educación bilingüe esgrimen que no se pueden desacatar las sentencias del TSJC, Constitucional y Supremo.