El Gobierno reformará la financiación autonómica

MADRID- El Gobierno ratificó ayer que si de él depende, no habrá choque de trenes con Cataluña, pero que los esfuerzos por evitar ese choque no silenciarán las advertencias sobre los riesgos del camino rupturista por el que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, parece decidido a lanzarse. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, tomó personalmente nota de esa apuesta por el Estado propio en la entrevista del jueves en Moncloa. Y su conclusión, según fuentes de su entorno, es que el líder de CiU busca la mayoría absoluta con el apoyo del nacionalismo y del independentismo para poner en marcha un programa de máximos en el que vaya de una manera o de otra la oferta de Estado propio. A su juicio, Mas quiere ocultar sus recortes y el «rescate» de Cataluña en unas elecciones que huelen ya a plebiscito independentista.

Aunque el Ejecutivo no quiere la confrontación dialéctica ni echar leña al fuego que se cuidan de mantener vivo en Cataluña, las declaraciones del día a día le achican el espacio para hacer como que ni ve ni oye. Ayer le tocó pronunciarse sobre la amenaza del portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, de que no descartan proponer el Estado propio en su Parlamento después de unas elecciones anticipadas. Fuentes convergentes señalan, no obstante, que entre las opciones que barajan se inclinan más por la del referéndum.

A la amenaza de una declaración unilateral de independencia respondió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con la Constitución y la Ley en la mano. «La Ley y la Constitución dicen que esa decisión sólo se puede adoptar por el titular de la soberanía, que es el conjunto de la Nación, representado por las Cortes Generales. Y en este caso, ni siquiera, porque requiere de una reforma constitucional agravada que obligaría a consultar al conjunto del pueblo español», precisó. Por tanto, cualquier decisión unilateral por parte de la Generalitat catalana carecería de valor jurídico.

Sáenz de Santamaría también confirmó lo que ya avanzó La Moncloa en el comunicado de respuesta a Mas: que el Gobierno está dispuesto a reformar el actual sistema de financiación en esta Legislatura. El ritmo de la puesta en marcha de esta medida depende de la recuperación económica y de la evaluación previa del vigente modelo, aunque la renegociación debería producirse en 2013. El PP no votó el sistema aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009. Fue una iniciativa que respondió a razones estrictamente políticas, ya que no estaba condicionado por el tradicional plazo de caducidad a los cincos años. Una cesión de Rodríguez Zapatero a la presión nacionalista que el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, llegó a calificar como «el mejor acuerdo» para Cataluña. De hecho, otras comunidades se quejaron de que beneficiaba a esta región y a Andalucía.

Rajoy ya le trasladó a Mas que asumiría su obligación de revisar la financiación autonómica, pero dentro de la negociación multilateral con todas las comunidades, también con Cataluña, a la que obliga la LOFCA. Moncloa destaca que la liquidación del Estado hacia Cataluña en 2010 fue superior a la de 2009 y que la financiación cumple, asimismo, con los criterios del Estatut.
La vicepresidenta se reunirá este lunes con los consejeros de Presidencia de todas las comunidades para organizar la cumbre territorial que se celebrará el próximo 2 de octubre en el Senado. Y en la agenda estará la situación económica europea y nacional, y también, por petición de varias comunidades, según precisó Sáenz de Santamaría, la reforma de la financiación autonómica. Como ya hizo Rajoy a puerta cerrada, la vicepresidenta volvió ayer a instar a Mas a participar en este proceso de negociación dentro de un marco de colaboración leal y de diálogo sincero.