Cerco a la corrupción

Imputada por prevaricación la número 20 de la lista de Tomás Gómez

Tras la denuncia presentada por el grupo municipal popular, Carmen Toledano ha sido llamada a declarar en calidad de imputado por posibles irregularidades durante la contratación de Galapajazz 2008. Junto a ella, también se sentarán en el banquillo otros miembros del PSOE como Carmen Andonaegui y Hans Anton Böck, además del candidato por la Liga Reformista, Jose Luis Barceló. 

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Los próximos días 6 y 20 de mayo serán fechas claves para los vecinos de Galapagar puesto que gran parte de los miembros del cuatripartito del anterior Equipo de Gobierno deberán responder ante la justicia por las supuestas ilegalidades cometidas durante sus años de mandato. Afortunadamente, la justicia pone finalmente a cada uno en su sitio y ahora los galapagueños podrán comprobar que clases de políticos son los que hasta ahora han levado las riendas del municipio y, lo que es peor todavía, que clase de políticos pretenden tras las próximas elecciones volver a ocupar la Alcaldía.

Así, la actual número 20 en la lista de Tomás Gómez, Carmen Toledano, es una de las imputadas por un presunto delito de prevaricación en la aprobación del contrato de Galapajazz 2008, un contrato que fue aprobado pese a los informes desfavorables del interventor y secretario municipales.

Más imputados en el banquillo
Pero no sólo ella se sentará en el banquillo, sino que esta contratación contó con el voto a favor de varios miembros del anterior equipo de gobierno, entre ellos los números 2 y 3 de la lista electoral del PSOE, Carmen Andonaegui y Hans Anton Böck o el candidato de Liga Reformista y anterior concejal de Foro Verde, Jose Luis Barceló. Todos ellos irán a testificar en calidad de imputados y dar explicaciones por la aprobación de contratos sin los correspondientes pliegos administrativos, con clausulas abusivas e ignorando la prelación de pagos

Los hechos se remontan al año 2008 con motivo de la celebración del tradicional Festival de Jazz, Galapajazz cuya contratación podría esconder graves irregularidades tras aprobarse ignorando los informes de reparo suspensivos del propio interventor municipal. Dicho informe solicita la paralización de la tramitación por, entre otras cuestiones, carecer de los pliegos de las clausulas administrativas y prescripciones técnicas tal y como exige el artículo 93 LCSP; así mismo se advierte de la existencia de clausulas abusivas y se incide en el hecho de no respetar la prelación de pagos, destacando la necesidad de priorizar, entre otros gastos, los de personal.

A resultas de esto se ha producido una posible desviación irregular de fondos que se produjo al realizar una modificación presupuestaria para pagar el festival con 129.000 euros que inicialmente estaban destinados al pago de becas de comedor escolar para niños de 0 a 3 años afectando a un total de 292 familias del municipio. Con todo, la ex alcaldesa socialista de Galapagar y otros miembros de la junta de gobierno, y pese a los informes desfavorables, dieron prioridad a posibles intereses personales y decidieron continuar con el contrato del festival, para lo que destinó un total de 134.000 euros.