Empleo admite la «teoría post-it»: pagó ayudas sin expedientes ni solicitudes

SEVILLA- Un informe interno de la Consejería de Empleo elaborado con el actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, imputado por la juez Mercedes Alaya en la trama de prejubilaciones presuntamente fraudulentas, admite sin ambages que el Gobierno andaluz ha pagado ERE y ayudas directas a empresas desde 2001 de manera irregular. Tal y como mantiene la instructora, el documento señala el origen del procedimiento ilegal en el convenio de colaboración firmado en julio de 2001 entre el ente instrumental IFA –luego Agencia IDEA– y la propia Consejería para flexibilizar los controles administrativos. A raíz de ese marco creado por los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, se suscribieron convenios particulares –entre la Dirección General de Trabajo y los perceptores de las cantidades públicas– que no estaban sustentados «sobre ningún tipo de expediente administrativo de solicitud de ayuda, sólo recogía la toma de decisión a partir de las negociaciones y/o reuniones mantenidas».

El texto reconoce que la partida 31L que investiga el juzgado de Instrucción 6 era, por tanto, opaca y que los fondos –alrededor de 700 millones de euros entre 2001 y 2010– se repartieron de manera arbitraria. El PP ya denunció que se concedió una asubvención para una feria en un municipio a través de una orden dictada en un post-it.

El trabajo, hecho público ayer por el PP andaluz, se elaboró el 22 de julio de 2010, apenas tres meses después de que Rivera llegara al cargo. Constituye un tratado de cómo la Consejería de Empleo trabajó durante casi una década prescindiendo de los procedimientos administrativos que deben regir el funcionamientos de las Administraciones Públicas. Y detalla cómo, tras saltar el escándalo, se trató de dar forma a los compromisos adquiridos.

Uno de los aspectos más relevantes es que se reconoce el traspaso de compromisos de pago desde la Consejería de Empleo a la de Innovación, Ciencia y Empresa durante 2010, ya con Griñán en la presidencia de la Junta. Es lo que el PP-A ha denominado «tercer fondo de reptiles». El informe es esclarecedor: «Durante todo el periodo de gestión de los pagos de la Dirección General de Trabajo por parte de la Agencia IDEA, se han articulado bien convenios de colaboración bien resoluciones de orden de pago a favor de empresas o colectivos cuya situación empresarial o laboral son responsabilidad de IDEA». Se refiere, por ejemplo, a empresas participadas por la sociedad pública. Añade el informe que «la toma de decisión no está propiamente ni administrativamente documentada, porque en la mayoría de los casos la decisión era tomada por los representantes de ambas entidades...».

Pese a este reconocimiento de presunta irregularidad, se admite que los pagos se efectuaron por la Consejería de Innovación, que admitió compromisos por importe de 6.499.131,19 euros.

El documento distingue tres horizontes temporales. Desde 2001 y hasta junio de 2009, en el que el funcionamiento era el mismo y estaba amparado en el mencionado convenio de 17 de julio de 2001 –pese a que caducó en diciembre de 2003–; desde junio de 2009 y hasta abril de 2010, periodo en el que se introducen leves modificaciones administrativas; y a partir de la llegada del actual equipo directivo a la Consejería de Empleo. En este punto, se apunta que se decidió «cancelar los compromisos articulados vía convenio de colaboración, de manera que pongamos punto y final a una situación histórica (...)».

Un informe de la Guardia Civil discrepa y señala que se han seguido pagando ayudas comprometidas bajo la anterior fórmula.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció que llevarán esta documentación a la juez Mercedes Alaya.