Sentencia política

No diría yo, como aseguró ayer Rosa Díez, que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Bildu demuestra que en España «no hay Justicia, no hay separación de poderes y no ha democracia», pero sí que comparto la idea de que se da argumentos a los que así piensan «cuando en un Tribunal los magistrados que lo componen no obedecen al criterio de la ley, sino a quienes les han nombrado».

Como exponen en sus votos particulares los jueces del TC partidarios de prohibir a Bildu, el Constitucional se ha extralimitado en sus funciones al volver a evaluar pruebas que ya habían sido analizadas por el Supremo. El TC no es un tribunal de apelación ni la última instancia para resolver un contencioso. Su tarea debe consistir en estudiar si se vulneran o no derechos fundamentales. Sin embargo, lo que han hecho los miembros del bloque «progresista» (léase «socialista») es volver a resolver sobre las pruebas ya sentenciadas por el Supremo. Una inapropiada asunción de funciones, «un exceso de jurisdicción», o una «suerte de súper-casación» impropia de una instancia que debe ajustarse a dilucidar si se vulneran preceptos constitucionales, pero sólo eso.

Los magistrados del TC disconformes con el fallo lo dejan bien claro. Aunque como manda la mayoría, en este caso se impone la que constituyen los vocales socialistas. Por eso no les falta razón a los que dicen que estamos ante una «sentencia política».