Aguayo se expone por los avisos de la Intervención para blindar a Griñán

Fue sin embargo Aguayo la que se puso en el punto de mira de toda la responsabilidad al reconocer que estos informes sí iban «directamente» a la Viceconsejería, de la que ella fue titular entre abril de 2004 y abril de 2009. Su argumento es que como no se detectó menoscabo de fondos públicos y, por tanto, no derivó en un informe especial de actuación, la Viceconsejería «no se leía con detalle ni se le prestaba atención a esos informes», informa Efe.

Hay, no obstante, conexiones que tumban el argumentario oficial de la Junta, levantado como una pantalla para proteger a Griñán. Primero, es difícil creer que Aguayo, mano derecha del presidente andaluz en la Consejería de Hacienda, no le comentara nada a su superior sobre un asunto tan grave. Segundo, que tanto Aguayo como el viceconsejero de Empleo eran vocales del Consejo Rector de IDEA, es decir del órgano de máxima dirección de la agencia que tramitaba las prejubilaciones. Y fue precisamente el viceconsejero de Empleo el que debió elaborar las alegaciones al informe de Intervención. ¿No habló de eso Martínez Aguayo con su homólogo?
Por su parte, el PP viene reclamando los informes de la Intervención General de Hacienda de los años 2005, 2006 y 2007. Ahí es donde ve el líder de los populares andaluces, Javier Arenas, cree que está la «clave» de la futura renuncia del presidente de la Junta, entonces consejero de Economía y Hacienda. De hecho, defendió ayer que la Intervención estaba obligada «por ley» a entregarle «personalmente» sus informes.

El PP implica a Griñán
El PP busca amparo legal a su razonamiento en el decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta. Según el texto normativo, los informes definitivos de la Intervención «serán trasladados a las empresas, así como al titular de la Consejería de que dependan y al titular de la Consejería de Economía y Hacienda». Si una de estas entidades muestra su disconformidad con alguna conclusión, «el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General, someterá las actuaciones a la consideración del Consejo de Gobierno para que resuelva lo procedente». Hay, sin embargo, una instrucción posterior de la Intervención General, la 1/2005 de 18 de mayo, que fue la que avanzó LA RAZÓN el pasado martes. A juicio de Arenas, resulta «palmario» que las irregularidades eran conocidas «por obligación legal» por Griñán y Chaves, por lo que «ambos son responsables de que tengamos cientos de millones de euros sin procedimiento administrativo a la hora de aplicarse». El dirigente popular mostró su disposición a pedir los informes «por vía judicial».