España no es país de torturadores

MADRID- En noviembre de 2005, el Tribunal Supremo condenó a Arnaldo Otegi, entonces portavoz de Sozialista Abertzaleak en el Parlamento vasco, a un año de cárcel por un delito de injurias graves, al llamar a Su Majestad el Rey «responsable de los torturadores». En 2008, el Tribunal Constitucional confirmó esa sentencia. Sin embargo, en marzo del pasado año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a indemnizar a Otegi con 20.000 euros por «daños morales» y pagar otros 3.000 euros por las costas procesales, al entender que se vulneró su derecho a la libertad de expresión.

En pocas horas, el ex portavoz batasuno, actualmente en prisión por la condena de 10 años de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional al considerarle dirigente de ETA en el «caso Bateragune», tendrá en su cuenta bancaria ese ingreso. El Ministerio de Justicia ya ha ordenado ese pago a la Caja General de Depósitos del Tesoro.

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón, tras reunirse con la consejera vasca de Justicia, Idoia Mendía, dejó claras tres cuestiones sobre esa condena a España: acatamiento de la decisión del TEDH, cumplimiento de la misa «sin ningún tipo de satisfacción» dejar bien claro que no hay sombra de sospecha de que los derechos humanos se respetan en España. «La garantía del cumplimiento de los derechos humanos es absoluta» porque nuestro Estado de Derecho «tiene una fortísima salud», destacó al respecto.

Prevención de la tortura
Ruiz-Gallardón señaló también que la discrepancia con la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no supone ninguna «descalificación» ni al citado tribunal «ni a las personas que la han adoptado».

Por otro lado, en relación con las denuncias que no pocos terroristas suelen presentar alegando malos tratos sufridos durante la detención, un informe del Consejo General del Poder Judicial, aprobado en su último Pleno, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, pone de relieve que no se puede ignorar «el interés que puede guiar al denunciante». Y ello, «al objeto de privar de cualquier tipo de eficacia a la declaración, autoinculpatoria o heteroinculpatoria», durante la detención.

Estas consideraciones las realiza el Consejo en relación con las «recomendaciones» del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), en su informe de noviembre de 2011. Además, recuerda también al CPT que la legislación española «limita extraordinariamente las posibilidades de archivar de plano» ese tipo de denuncias.

Amaiur pide datos de la Policía
Amaiur ha registrado en el Congreso una pregunta dirigida al Gobierno en la que pide datos sobre efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ejercen su labor en el País Vasco y Navarra. La coalición abertzale quiere saber el número de agentes que trabajan en las tres provincias vascas y en Navarra, y cuántos corresponde en cada caso a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía. La pregunta la firma el diputado Rafael Larreina, que antes se había interesado por el número y características de la población reclusa en España. Larreina pidió a Instituciones Penitenciarias que le informara del número de reclusos en cada centro penitenciario a fecha de 31 de diciembre.