La Junta «oculta» modificaciones presupuestarias de Griñán a la juez

SEVILLA- Otra vez la cacareada colaboración de la Junta con la juez que investiga la «trama de los ERE» queda en entredicho. Pese a que la magistrada Mercedes Alaya reclamó en diciembre de 2011 los expedientes de modificaciones presupuestarias tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda para su aprobación por el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo se ha «olvidado» de 21 de ellos, por un importe de 201.434.824 euros.

La denuncia la hizo pública ayer el PP-A, que como acusación personada en la causa, ha trasladado la documentación al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El trabajo de los populares se basa en el análisis de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, en la que se detallan las transferencias de financiación a la Agencia IDEA –antiguo IFA–, la empresa pública mediante la cual se pagaban las ayudas sociolaborales.

De las 21 modificaciones presupuestarias, dos de ellas afectarían directamente a la partida 31L, la conocida como «fondo de reptiles» que investiga Alaya. El resto corresponden a otras partidas dentro del mismo departamento o incluso a otras consejerías, como la de Innovación, Ciencia y Empresa y la de Medio Ambiente. La instructora también ha reclamado documentación a la Junta sobre si otros departamentos utilizaron las transferencias de financiación a la Agencia IDEA para otorgar subvenciones.

El periodo temporal de estos cambios en el Presupuesto, 2005 a 2011, coincide con la etapa de José Antonio Griñán al frente de la Consejería de Economía y Hacienda (2004-2009) y sus dos primeros como presidente de la Junta. De los 200 millones localizados por el PP, 81 corresponden a partidas detraídas y 120 a incrementos.

En el escrito dirigido al juzgado, el PP también solicita que la Junta entregue los expedientes de modificaciones presupuestarias desde julio de 2001 hasta 2004. La juez había reclamado los expedientes de este tipo a partir de 2005, fecha en la que la Intervención General entregó su primer informe en el que alertaba sobre las irregularidades en la tramitación del procedimiento de los ERE. Sin embargo, entiende el PP que, tras la declaración del ex consejero Antonio Fernández –en la que dijo que nada más firmarse el convenio en 2001 se transfirieron al IFA 13.000 millones de pesetas–, todo el Consejo de Gobierno conocía ya el nuevo «sistema operativo» mediante el cual se concederían las ayudas y que la magistrada considera «ilegal».
En este sentido, el PP ha presentado otro escrito en el que refuerza esa teoría gracias a una instrucción de 10 de enero de 2003 de la Intervención General. En ella, el órgano de control alertó de que «se han detectado, en los informes de control financiero efectuados a empresas públicas, deficiencias y contradicciones entre, por una parte, el expediente administrativo de gasto tramitado por el correspondiente gestor presupuestario y fiscalizado por la Intervención competente y, por otra, la realidad económica y contable de tal expediente en el seno de la empresa afectada».

Además, en septiembre de 2002, la Dirección General de Presupuestos dictó unas «Normas sobre codificación presupuestaria de las transferencias a empresas públicas» para identificar mejor las transferencias de financiación. En la Ley de Presupuesto para 2003, se regularon de manera específica las transferencias de financiación y se detalló el proceso burocrático para cuando existieran modificaciones presupuestarias.

Toda esta arquitectura contable pretendía, a juicio del PP, subsanar la falta de control legal existente sobre las transferencias de financiación y que provocó la presunta malversación de fondos posterior. De hecho, este tipo de figura está destinada para el funcionamiento global del organismo que la recibe y no para el otorgamiento de subvenciones. Así, la Junta desvió el dinero a una empresa pública y «regaló» –expresión de la juez– el dinero mediante ayudas «discrecionales».

En el auto de prisión contra Antonio Fernández, Alaya ya advirtió de que había que investigar si en la creación del «sistema operativo» y su posterior mantenimiento durante una década pese a las reiteradas advertencias de la Intervención sobre su ilegalidad «hubiesen prevalecido los criterios políticos sobre los jurídicos».

Al consejero de Justicia no le gustan las decisiones «técnicas» de Alaya
El nuevo consejero de Justicia e Interior de Andalucía, Emilio de Llera, se estrenó ayer con críticas a la juez Mercedes Alaya, algo que parece ya una constante en el Gobierno andaluz. Tras su toma de posesión, señaló que «técnicamente» ha tomado decisiones que él no comparte como jurista, aunque eso sí, matizó que «no hay motivos para pensar que sea deshonesta en nada». En este sentido, criticó la decisión de encarcelar al ex consejero Antonio Fernández, que considera «innecesaria». De Llera, hasta ahora Fiscal Decano de la Audiencia Provincial de Sevilla, negó que su nombramiento responda a un deseo de Griñán de «blindarse» ante el proceso judicial y aseguró que «gracias a Dios», él nunca llevó el caso de los ERE porque se trata de corrupción y él coordinaba los delitos económicos, algo de lo que se alegra porque cree que es un «marrón».