La Ley Antitabaco perjudica

El mes y medio de vigencia de la Ley Antitabaco ha cumplido con los peores presagios y se ha manifestado como una fuente de conflictos y polémicas. Las consecuencias de una norma fundamentalmente autoritaria e injusta han sido desde sociales hasta económicas. Lo ocurrido desde su entrada en vigor ha sido lo esperado en un proceso que ha supuesto acabar con una situación de equilibrio en los derechos ciudadanos y de cierto consenso social en torno a una regulación que había sido aceptada globalmente, y la sustitución por un marco normativo que maltrata y discrimina a miles de españoles por el mero hecho de fumar en los espacios que la norma anterior socialista había previsto, o por ejercer, en el caso de los hosteleros, la libertad de empresa y de comercio.
Evidentemente, y pese a que el Gobierno ha pretendido relativizar los efectos de la Ley, su impacto económico es importante. El estudio que hoy recoge LA RAZÓN sobre el efecto negativo para la economía y el empleo de la combinación de la subida de impuestos del tabaco y de la prohibición total de fumar en los espacios públicos lo demuestra. Ese análisis prevé una caída del PIB en España de 6.513 millones de euros (0,7% del PIB), la destrucción de 56.816 empleos directos en la hostelería española, la pérdida de 138.212 empleos directos e indirectos en España y un aumento del IPC en más de dos décimas en el país por el incremento del impuesto. Que el Gobierno se dedique a poner palos en las ruedas de la actividad económica es irresponsable y un error.
El balance de los hosteleros tras el primer mes con la Ley en vigor debió ser ya un punto de inflexión para que el Gobierno asumiera su equivocación y la enmendara. Este importante colectivo de pequeñas y medianas empresas reconoció un retroceso del 20% en sus ventas, pero no mereció una respuesta o una reflexión de la Administración. Un silencio que prueba el grado de ceguera de unos gobernantes que han confundido las prioridades y los tiempos también en la Ley Antitabaco.En cambio, obraron con diligencia y prepotencia para dar escarmientos públicos con intenciones ejemplarizantes como el cierre del Asador Guadalmina de Marbella (Málaga). En unos días la Junta de Andalucía acabó con un negocio y sus puestos de trabajo, más una multa de 145.000 euros, por el gravísimo atentado de permitir fumar en el interior del establecimiento. La realidad es que esta ley, que ha deparado episodios grotescos como la denuncia, respaldada por la ministra Pajín, contra el musical «Hair» porque se fuma en escena, o más serios, como el aumento de un 16% en las denuncias por exceso de ruido por los fumadores que salen a la calle, especialmente en zonas con locales de ocio nocturno, requiere un cambio. Urge una norma que satisfaga el equilibrio entre los derechos de los fumadores y los de los no fumadores y que garantice la libertad de empresa, sin que la Administración criminalice un hábito social contra el que, en todo caso, existen necesarias e innumerables campañas de prevención e información, además de un importante esfuerzo en beneficio de la salud pública.