La delegada al juzgado

MADRID- Era un cóctel explosivo y ella lo sabía. Cualquiera en su sano juicio lo hubiera visto a la primera, pero la delegada del Gobierno en la Comunidad, con un gabinete de asesores desaconsejándole y con informes en contra emitidos por parte de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid y la Abogacía del Estado, parece que no fue conocedora del riesgo que suponía e hizo caso omiso de todos los consejos que recibió.

Ella, precisamente, la encargada de garantizar el orden público en la región, daba el permiso para que las asociaciones laicistas y los «indignados» se manifestaran por el centro de la capital –y parte del recorrido transcurriera por Sol– un día antes de la visita del Papa a Madrid, cuando la ciudad estaba copada por cientos de miles de jóvenes católicos llegados desde todos los rincones del mundo para celebrar la Jornada Mundial de Juventud (JMJ). Llegó el día, el 17 de agosto, y el cóctel explotó. Hubo ocho detenidos y las imágenes de los altercados contra los jóvenes de la JMJ recorrieron el mundo dando una pésima imagen de nuestro país al exterior.

Los sindicatos policiales acudieron a Bruselas para quejarse de la pasividad del Ministerio del Interior y fueron muchos los que salieron a pedir la dimisión de la delegada del Gobierno. Y es que los graves incidentes durante la visita del Papa sólo fueron la gota que colmó el vaso con respecto a la actitud que Carrión ha mantenido con los «indignados» desde que nació el colectivo. Pero el sindicato Manos Limpias fue más allá y acudió a la Justicia. Fue el 26 de agosto y denunciaron a Carrión por un presunto delito de omisión de los deberes de impedir delitos de los que tenga conocimiento (Art. 408 del Código Penal) y por encubrimiento de delito (Art. 451 del mismo Código). Ahora, el Juzgado de Instrucción número 4 de Plaza de Castilla ha admitido a trámite la querella e instruirá el caso.

Es decir, puede que Carrión tenga que sentarse ante el juez para explicar su ya cuestionada actuación con respecto a los «indignados». La denuncia se basa en todas las ilegalidades que los «indigandos» cometieron desde el pasado 15 de mayo y que Carrión permitió, según el detalla el documento, por acción u omisión. Concentraciones ilegales, manifestaciones sin autorización, cortes de tráfico en la capital, paralización de desahucios, boicot de detenciones en el barrio de Lavapiés y atentados «impunes «contra agentes de la autoridad. El juzgado ya ha comenzado a investigar.