Sarkozy libra la batalla por la gasolina

Porque para el presidente galo, que teme las repercusiones sociales y económicas de esta crisis de carburante, los transportes no son sólo «una cuestión vital», sino «una libertad fundamental» para los ciudadanos.

Y es que, por mucho que el Gobierno haya querido hasta ahora minimizar la envergadura del problema, la escasez de carburante en algunos departamentos de Francia empieza a resultar asfixiante para la economía y extenuante para miles de usuarios.

El desalojo y reapertura de algunos depósitos como los de La Rochelle, Donges o Mans en la noche del martes se produjo no sin algunos forcejeos entre huelguistas resistentes y fuerzas del orden, que mantuvieron ayer durante todo el día un tira y afloja, alimentando la confusión sobre el número de establecimientos operativos.

«La inmensa mayoría no tiene por qué sufrir la ley de una minoría» espetó el ministro del Interior, Brice Hortefeux, encargado de supervisar las operaciones de desbloqueo que, según los planes del Gobierno, deberían restaurar la normalidad en unos días. Sin embargo, la realidad a pie de gasolinera es bien distinta. 3.190 estaciones de servicio de las 12.311 con las que cuenta Francia colgaban ayer el cartel de «cerrado por falta de suministro» y en otras 1.700 empezaban a escasear las existencias. A dos días de las vacaciones escolares de otoño, el panorama se ensombrece para miles de automovilistas obligados a organizarse por internet para encontrar una gasolinera disponible antes de esperar largas horas para llenar el depósito.

Y aunque siete de cada diez franceses, según los sondeos, apoya la movilización social contra la reforma de las pensiones del Ejecutivo, cada vez son más los ciudadanos que empiezan a aborrecer de prácticas que acaban secuestrando a un país entero.

La enconada protesta estudiantil y los violentos incidentes provocados al margen de sus manifestaciones, como en Lyon y París, constituyen los otros dos frentes en los que ayer el Gobierno galo prometió mano dura. «No dejaremos que ningún gamberro quede impune» sentenció el ministro Hortefeux, que confirmó el arresto de 1.423 alborotadores en una semana por provocaciones contra agentes del orden, incendio de vehículos y degradación de mobiliario urbano.

Mientras tanto, la presión sindical se agudizaba ayer con bloqueos en los accesos a varios aeropuertos, entre ellos el parisino de Charles de Gaulle, reabiertos poco después por la Policía. Un pulso que las centrales esperan poder aguantar, aunque cada vez con menos posibilidades de éxito, Mientras, la votación de la ley en el Senado se volvió a retrasar ayer para el viernes o sábado.

Excepcionalmente, los presidentes de los tres grupos de la oposición de izquierdas en el Senado solicitaron ayer la suspensión de los debates y la apertura de negociaciones. Petición que el ministro de Trabajo, Eric Woerth, rechazó de plano. Porque es la consigna elísea y porque sólo horas antes Nicolas Sarkozy lo repetía solemnemente en Consejo de ministros: «la reforma se llevará a cabo hasta el final».