Sin demagogia

El de los sueldos y la pensiones de la clase política es un tema que se presta mucho a la demagogia y más en un momento de crisis. Es demasiado frecuente la cantinela de «los sueldazos y las pensionazas de los políticos» en un país en el que los mandos intermedios de cualquier empresa ganan más que nuestros senadores y diputados o que el mismo Presidente del Gobierno.
La injusticia reside más en el agravio comparativo que en el exceso; más en la calidad de esa clase política que en la cantidad del dinero que percibe. Aunque no sean grandes sueldos, ¿los merecen todos los diputados y senadores, muchos tan conocidos por su labor en las Cámaras como el propio Zapatero antes de ganar aquellas primarias que le catapultaron a la Secretaría General del PSOE? Aunque en España la pensión máxima sea una birria, ¿la merece alguien por el hecho de calentar un escaño cuando al resto de los españoles les cuesta 37 años de cotización por la base máxima?
El problema no es que Pablo Castellano cobre 2.877 euros mensuales o Cristina Almeida 2.589. Ambos han sido dos buenos políticos y su labor está en las hemerotecas. El problema está en los que cobran incluso menos, pero ni saben dónde está su banco en el hemiciclo. El problema está en la picaresca de las dietas y los viajes del diputadito por Cádiz o por Vizcaya que no ha pisado Bilbao ni Cádiz en su vida. El problema es el chanchullo que se monta quien considera escaso su sueldo, bien o mal ganado.
En ese sentido, la publicación de los bienes patrimoniales es un paso. El problema de la clase política es su frialdad para bajar los ingresos a los funcionarios y pensionistas sin pensar que ellos también «son Estado».