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La Fiscalía Anticorrupción pide que Del Nido y Muñoz ingresen ya en prisión
Esgrime como clave la reiteración en conductas delictivas de los condenados
MÁLAGA- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión provisional sin fianza para el abogado sevillano José María del Nido y para el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, como medida preventiva en relación al «caso Minutas» por el que fueron condenados a siete años y medio de cárcel cada uno. Si el tribunal acepta la solicitud tendrán que entrar en la cárcel y esperar el recurso ante el Tribunal Supremo.
El Ministerio Público propone de forma alternativa si la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga considera que ello no procede, prisión provisional eludible bajo fianza de 500.000 euros para cada uno y que comparezcan cada quince días en dependencias judiciales además de que se les retiren los pasaportes.
La decisión de Anticorrupción fue dada a conocer ayer durante la vista convocada para decidir si se adoptan medidas preventivas contra Del Nido y Muñoz, condenados por las presuntas irregularidades de los encargos que realizó el consistorio costasoleño al también presidente del Sevilla FC durante la época en la que fue jefe de la asesoría jurídica municipal.
La petición de prisión provisional sin fianza se justifica en el riesgo de fuga, su capacidad económica y su reiteración en conductas delictivas.
A este respecto, el fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo incidió en el caso de Muñoz, que ha sido condenado en 17 ocasiones, para recordar que tiene casi medio centenar de causas pendientes en distintos juzgados, además del juicio por blanqueo de capitales en el que está acusada su ex pareja sentimental Isabel Pantoja y también su ex mujer, Maite Zaldívar.
Durante la vista celebrada en la Ciudad de la Justicia de Málaga, los abogados defensores expresaron su disconformidad ante la petición de Anticorrupción y solicitaron que no se adopten medidas cautelares.
Así, el letrado de Del Nido, Pedro Apalategui, defendió que no existe riesgo de fuga, aludiendo al arraigo familiar, profesional, social y económico del abogado y presidente del Sevilla FC y puso a disposición del Tribunal todo el activo patrimonial.
Por su parte, la defensa de Julián Muñoz negó la posibilidad de reiteración delictiva y argumentó que por su edad es «difícil que trate de burlar la acción de la justicia», tras afirmar que el ex regidor no tiene vinculaciones en el extranjero, sus bienes están embargados y padece una enfermedad coronaria.
Otros condenados
En esta causa, la parte acusadora ha pedido medidas para otros condenados, como el ex gerente de Urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, para el que pide prisión o, alternativamente, una fianza de 100.000 euros.
El fiscal también pide el ingreso en prisión provisional para otros condenados, como son Modesto Perodia, condenado a seis años y cuatro meses de prisión; y Esteban Guzmán, condenado a seis años y un día de cárcel y que no ha comparecido en la vista por estar en Cuba. Alternativamente, solicita para el primero una fianza de 300.000 euros y de 250.000 euros para el segundo.
En los próximos días, los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga que preside Carlos Prieto dictarán un auto para pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas.
«La Junta me dio más facilidades que el Ayuntamiento»
Al margen de la vista sobre las medidas cautelares, ayer comenzó el último bloque de declaraciones del «caso Malaya». El empresario Manuel Lores, acusado en la causa, señaló que él personalmente «nunca» entregó cantidad alguna de dinero a cambio de resoluciones urbanísticas a Juan Antonio Roca. Lores señaló que conocía al que fuera alcalde de Marbella Jesús Gil, y apuntó que sí dio dinero al ex regidor para la financiación de la campaña electoral de 2003. Respecto al urbanismo, declaró que ha estado 45 años construyendo en Marbella y que todas sus obras las hizo «con un plan parcial que confeccioné con Gil». Respecto al hotel que promovió, aseguró que obtuvo una licencia de primera ocupación por parte del Consistorio «condicionada a ciertos requisitos» y esgrimió que «quizás la Junta me puso menos inconvenientes que el propio Ayuntamiento».
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