La otra cara de la fotovoltaica

Juan Antonio Cabrero puso su casa de aval para conseguir que el banco le financiase una planta fotovoltaica de 10 kilovatios (kW) en Navarra. Con un préstamo de 98.000 euros a 10 años, sabía que hasta 2018 no iba a percibir ningún tipo de beneficio de los kWh producidos en su instalación. Lo comido por lo servido. A cambio, la inversión parecía segura, así que por qué no hacerla como un plan de jubilaciones. Hoy, los vaivenes regulatorios le han recortado en un 30 por ciento los ingresos. Es decir, que ese porcentaje lo tiene que pagar él de otras cosas. Con una hija en paro, la situación es si cabe peor. Lo ideal sería que el banco le refinanciara el préstamo para abonar la cantidad en más años. Sin embargo, «nos hemos informado, pero nos piden más seguridad, ya que las reglas de juego han cambiado. Es decir, que ponga como aval la casa de un familiar. Así que no lo vamos a pedir, porque ya hemos puesto la nuestra. De momento estamos tirando con los ahorros, después ya veremos. Esto nos ha venido en el peor momento». Cabrero asegura que «no invertiría de nuevo en fotovoltaica. Me siento estafado por el anterior Gobierno y por el actual. Si las reglas de juego son éstas, pues entonces que se cambien para todos. No es que no queramos pagar, sólo pedimos que nos refinancien con más tiempo sin tener que poner otra vivienda como aval».

Cero líneas de préstamo ICO

Como él cientos de personas se sienten engañadas. Sólo pasaron tres años desde que el Gobierno socialista publicó en el BOE lo interesante que era invertir en esta tecnología (RD 661/2007) para después aplicar un recorte retroactivo de un 30 por ciento de media en los ingresos por el Real Decreto-Ley 14/2010. Y ahora, el Gobierno prepara un proyecto de ley que conllevaría otro recorte del 6 por ciento por MWh producido. Todo ello podría llevar al sector a una catarsis.

Los vaivenes energéticos, unidos a la crisis, han dejado a muchos dueños de plantas en una situación más que comprometida. Los bancos no refinancian los préstamos adquiridos antes de los recortes de retribución sin exigir más seguridad, no se han dado (aunque se anunciaron no sólo por el ex ministro de Industria, Miguel Sebastián, sino también por escrito en la Ley de Economía Sostenible) líneas de crédito ICO para refinanciar la inversión fotovoltaica y los inversores temen que al no poder hacer frente a los pagos sus instalaciones, y con ellas no sólo los ahorros de toda una vida sino también su casa puesta de aval, acaben en manos de los bancos.

No se trata de grandes inversores o especuladores, sino de miles de familias, cooperativas y pymes abocadas a una situación más que delicada por un cambio de reglas jamás anunciadas cuando el anterior Ejecutivo pretendía acercarse a los objetivos adquiridos con Kioto (recorte emisiones de CO2) y lograr, en 2020, un 20 por ciento de producción energética con renovables.

La situación es que «hoy, un tercio de los 22.000 millones de euros de inversión en fotovoltaica hecha hasta 2010 está en manos de la banca nacional. Y unos 5.000 millones se deben a bancos internacionales», explica Tomás Díaz, portavoz de Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Y el problema es que «si a ese recorte del 30 se le suma en 2013 otro del 6 por ciento el próximo año podría pasar que muchos afectados no puedan pagar sus préstamos», añade Díaz, que explica que más de la mitad de las instalaciones por número (no por potencia) son de familiares y pymes.

Es el caso de P. G., que prefiere ser citado por sus iniciales por si tiene que poner alguna propiedad, como su coche, en venta. No quiere que se aprovechen de su situación. Con una planta de 20 kW en la provincia de Valencia, está «con el agua al cuello. Tras los recortes tengo que pagar la mitad del préstamo por la instalación de mi bolsillo. Sufrí depresión cuando me enteré de la pelota que me venía encima», reconoce.

José Miguel Marín, agricultor de Jumilla (Murcia) y miembro de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) es otro de los afectados. Marín se juntó con otros miembros de COAG para invertir en un huerto solar de 3 MW con una participación de 25 kW. Los recortes le han dejado en la cuerda floja. «El Gobierno anterior y el actual nos han llevado a la máxima de las ruinas. No invertiría ni en esto ni en otra cosa en España porque no hay seguridad jurídica», asegura. «Nos engañaron. Miles de familias, muchos de ellos del sector agrario –prosigue–, invertimos en una pequeña planta aunque no diera beneficios hasta pagar el préstamo bancario. Y nos han machacado. Pedimos el préstamo a medida de los ingresos y al recortarse éstos hemos tenido que refinanciar para que la producción energética siga cubriendo los gastos. He ampliado mi préstamo de 12 años a 16 para lograr bajar la cuota. Antes pagaba 1.700 euros, ahora 1.300. La vida primable de la fotovoltaica está en 30 años, así que si siguen recortando y tenemos que seguir refinanciando va a a ser una ruina». Marín pone el dedo en los que se han «forrado con ello. Se han beneficiado el Gobierno por acercarles a los compromisos ambientales adquiridos, los grandes fabricantes de placas, los promotores y las administraciones por la venta de suelo. A nosotros nos ha dejado tirados, no nos han dado ni una línea ICO a pesar de que se anunciase».

No es el único afectado en Jumilla. El agricultor Agustín Carrión tiene una planta de 50 kW y aunque por ahora puede pagar el recorte del 30 por ciento gracias a la explotación de 100 hectáreas que tiene de uva para vino, almendros y albaricoques, hace cuentas todos los meses para sufragar los 3.100 euros (más la subida de IVA) que tiene que abonar al banco por el préstamo que pidió en julio de 2008. Carrión ha pasado de cobrar 47 céntimos por kWh producido los dos meses del año, a cobrar eso hasta agosto o septiembre y después a 4-5 céntimos el kWh. Es decir, tiene que pagar de otras cosas entre 9.000 euros y 10.000. «Hasta ahora al menos puedo seguir pagando porque no tengo ya hipoteca de mi piso. Si no, la situación sería diferente», afirma. «No volvería a invertir. Si sabían que el precio que se pagaba por kWh iban a cambiarlo al poco tiempo que no lo prometieran», añade.

Situación similar es la de Pedro Orenes Sánchez, propietario de la empresa de obra civil Construcciones Viansa. Su instalación de 50 kW en Blanca le está trayendo más dolores de cabeza de lo esperado. Orenes desembolsó el 20 por ciento del coste de su instalación construida en 2009, el resto se lo prestó una entidad financiera a 14 años.

«Te prometo que no volvería a invertir en fotovoltaica. No hay seguridad jurídica. Toda la inversión se ha ido al garete». Orenes explica que él todavía por tener trabajo aguanta, pero conoce a muchas personas con una situación más complicada.

A todos ellos se suman miles de familias como da buena prueba de ello Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores en Energías Renovables (Anpier) y afectado. «La situación es dramática».

«Para refinanciar una inversión los bancos piden condiciones más duras por la inseguridad jurídica del sector. Te piden el doble tipo de intereses de lo acordado al principio. Ningún banco quiere refinanciar algo considerado de máximo riesgo. Llevamos tres años de ataques constantes al sector fotovoltaico. Y no hablo de especuladores, sino de cientos de miles de familias, 55.000, que yo represento», afirma.

«Hay casos de familias en el paro –prosigue– que no pueden vivir de sus ingresos y encima les ha caído como una losa los cambios regulatorios. ¿Qué hemos hecho? Debe de ser algo horroroso poner tus ahorros para financiar una planta limpia, que ayuda a España a cumplir con Kioto y la UE. Aceptamos de forma consensuada el impuesto del seis por ciento del actual Gobierno y lo aplaudimos porque es el mismo para todas las fuentes de generación. Pero se nos tiene que quitar el recorte del 30 por ciento de límite de horas de kWh primados del PSOE. Nos engañaron cuando anunciaron los créditos ICO, miles de familias pedimos los préstamos pero se nos rechazó a todos porque no teníamos beneficios». Él también es una afectado. Su planta de 50 kW en Crevillente, Alicante, «me ha comido los ahorros familiares. Ni de broma habría invertido de saber esto, ni lo volvería a hacer. Me gustaría saber qué hubiera pasado si las grandes eléctricas se hubieran metido en fotovoltaica, en vez de en eólica», añade.

Muchos pueden pensar en el «boom» de la fotovoltaica, que sí, lo hubo. De hecho, aumentó en un 10 por ciento los costes del sistema eléctrico elevando el déficit, aunque éste ha seguido creciendo a pesar de la casi paralización del sector. Un «boom» provocado por una mala gestión del anterior Gobierno al que le siguió un recorte retroactivo, reconocido, aunque tarde, como error por Hugo Morán, secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE.

Y lo de las irregularidades, que hubiera plantas cobrando primas sin producir, fue un tema que zanjó con una investigación oficial la CNE: al detectar irregularidades sólo en el 0,7 por ciento.
Y sí es tarde, porque más de la mitad de los afectados son familias. La CE y el Comisario Europeo de Energía, Gunter Oettinger, reiteraron a España que debe evitar medidas retroactivas. La situación es grave. Además de las familias afectadas, los vaivenes regulatorios exportan una imagen de España de inseguridad jurídica, lo que aleja posibles inversiones de fuera. «Esto demuestra que el Ministerio de Industria no tiene palabra y deja ver algo peor, que aquí no hay política energética», denuncia Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables. La solución: derogar el recorte del 30 por ciento de media para las plantas hechas antes de ese anuncio.