Castilla y León
Villarrubia apuesta por una ordenación en favor de las personas y el medio rural
El líder socialista critica la situación de indefensión que viven muchos municipios
TORDESILLAS (VALLADOLID)- El nuevo modelo de Ordenación del Territorio «no debe ser de competencias y sí, de servicios públicos y atención a las personas, por lo que seguiremos alzando la voz en defensa del medio rural». Así de contundente se mostró el secretario regional del PSOE, Julio Villarrubia, tras participar en una reunión de trabajo, en la localidad vallisoletana de Tordesillas, junto a su alcalde, José Antonio González, y militantes del partido.
La reunión sirvió para tratar la situación de indefensión que viven muchos municipios «sobre todo en lo referente a los servicios públicos», añadió Villarrubia, de ahí que haya pedido un «basta ya de retirar servicios, basta ya de quitar médicos y personal sanitario y basta ya de hablar de ordenación del territorio».
Asimismo, puso como ejemplo de «la mala gestión de la Junta» la falta de financiación de la residencia de mayores de Tordesillas, que cuenta «con un 95 por ciento de la inversión realizada y lo que falta, que corresponde al Gobierno regional, no se ha incluido en los Presupuestos de 2013».
Por este motivo, Villarrubia anunció que «el PSOE presentará una nueva enmienda a los cuentas, aunque confiamos en que sea un error y que se incluyan los 300.000 euros que corresponden para que finalicen las obras de estas instalaciones, tan necesarias para esta comarca».
El líder socialista también explicó que su formación «tiene doce o trece propuestas sobre la mesa de las Cortes regionales, que suponen una alternativa a los Presupuestos, y que solicitan que paguen los que más tienen, los que han creado la crisis y algunos que se han beneficiado y siguen beneficiándose de ella».
Ley contra el fraude fiscal
Por otra parte, Julio Villarrubia, en una intensa jornada de trabajo, se trasladó a Zamora para mantener un encuentro con representantes de CC OO y UGT. Tras la reunión calificó de «injusto, indecente, inmoral» que se «criminalice» a desempleados y pensionistas que «puedan percibir indebidamente cualquier prestación», con lo que criticó la Ley contra el fraude fiscal.
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