El jurado condena a Rivas Mellet y Ponce y absuelve a Regla Pereira

Fernando Mellet/ Mellet se mostró resignado. Su letrado, José Manuel Carrión, manifestó que «existe un error en la valoración de la prueba», se quejó de la «presión social» y llevará al TSJA que fue «una negociación».
Fernando Mellet/ Mellet se mostró resignado. Su letrado, José Manuel Carrión, manifestó que «existe un error en la valoración de la prueba», se quejó de la «presión social» y llevará al TSJA que fue «una negociación».

SEVILLA- Pasaban diez minutos de las 14:30 horas cuando el abogado Francisco Bocanegra, mientras se leía la resolución del jurado, se echaba, literalmente, las manos a la cabeza. La cara de su defendido, Antonio Rivas Sánchez, ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, hablaba por sí sola. El tribunal popular, tras dos días deliberando, consideró culpables del intento de soborno a los empresarios de La Raza al citado ex alto cargo de la Junta con Chaves y Griñán –el primero condenado a raíz del «caso Mercasevilla»–, al ex director general del mercado central Fernando Mellet y al que era su adjunto, Daniel Ponce. La funcionaria Regla Pereira fue considerada «no culpable». Con permiso del magistrado presidente Ángel Márquez, corrió a la bancada del público a abrazarse con su padre y su suegro, entre lágrimas.

Todos los focos se centraron en los que pasaban por principales imputados en la causa a excepción de Rivas, cuya imputación fundamentada básicamente en una acusación de Mellet ponía en duda una condena. Finalmente, los documentos aportados por la acusación popular que ejerce el PP, en los que se vincula al ex delegado de Empleo con una subvención para la creación de una escuela de hostelería en Mercasevilla, a pesar de no contar con competencias para otorgar este tipo de ayudas extraordinarias, han pesado en su contra.

El fiscal Juan Enrique Egocheaga insistió en solicitar 21 meses de inhabilitación y 900.000 euros de multa –el doble de «la mordida» solicitada a los empresarios del Grupo La Raza– y en el pago de las costas procesales. En caso de impago, abogó por un año de cárcel. Las defensas pidieron la condena mínima y anunciaron que recurrirán el fallo.

De los nueve componentes del jurado, ocho consideraron que Rivas es culpable, argumentando que, una vez conocida la concesión de la ayuda, «se puso en contacto» con Mellet y Ponce «y de común acuerdo, con el fin de obtener un enriquecimiento ilícito, decidieron exigir» a los hosteleros una «comisión» de 300.000 euros, más el pago de las instalaciones eléctricas, valoradas en 150.000 euros. El jurado se ha basado en la declaración del policía que interrogó a Mellet, quien indicó que el directivo del Merca dijo que «la idea había sido de Rivas» y de Ponce, que también ante la Policía «aseguró que su jefe le había dicho que era un encargo» del ex delegado de Empleo. El jurado resaltó la existencia de «una concertación» entre Rivas y Mellet, ya que «la competencia para dar los cursos de formación era» del ex delegado. Para el tribunal del jurado, Rivas contaba con un «interés desmedido» en la concesión de la subvención por más que –como señaló el ex consejero Antonio Fernández– careciera de estas competencias. «Pese a que ni tramitaba ni gestionaba este tipo de subvenciones», participó en varias reuniones para su tramitación. Mellet y Rivas «han estado siempre en contacto, existiendo concierto para solicitar la comisión», dijo el jurado.

Mellet y Ponce han sido condenados con la unanimidad del jurado, entendiendo que el segundo «aceptó conociendo la ilegalidad de dicha pretensión» reunirse con los empresarios para pedirles «la mordida» con «ánimo de enriquecimiento ilícito». Las peticiones eran «injustificables», quedando «claro que la comisión no debía afrontarla La Raza». «Todos los participantes» en las reuniones «conocían que había que dejar un maletín olvidado donde se dijera», señaló el jurado, que, por unanimidad, rechazó que se tratara de una «negociación» con los empresarios, como dijo Mellet en el uso de la última palabra. El jurado votó en contra del indulto de la pena de cárcel, en caso de que los condenados no pagaran la multa que se les impondrá.

También por unanimidad, se entiende que Regla Pereira no participó en el delito, basándose en la declaración del empresario Sánchez Cuerda –dijo que estuvo en una reunión «pero no participó»– y de Ponce, quien aseguró que «no estaba» cuando se trató el tema de las ayudas. «Ninguna persona, ni en la Policía ni en los Juzgados, ha dicho que Pereira conociera o fuera cómplice en la petición de la comisión», manifestó el tribunal popular.
Al término de la sesión, Regla Pereira y Fernando Mellet se fundieron en un emotivo abrazo.