La Guardia Civil responsabiliza a Viera de las ayudas ilegales a empresas de la Sierra Norte

SEVILLA- El ex consejero de Empleo y ex secretario provincial del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, puede convertirse en el primer aforado –es diputado en el Congreso– imputado en la trama de los ERE fraudulentos que investiga el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. La Guardia Civil le atribuye «un papel esencial» en las ayudas presuntamente ilegales otorgadas a empresas de la Sierra Norte vinculadas a José María Sayago y Rosendo Ríos, dos ex concejales socialistas de El Pedroso cuyas sociedades recibieron 13,7 millones de euros. El Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa informó ayer a la juez Mercedes Alaya que «próximamente» entregará el informe final «de una parte importante de las ayudas a empresas concedidas por la Junta de Andalucía en el periodo 2000-2010» con cargo al «fondo de reptiles». La comunicación al juzgado de la Guardia Civil precede a la declaración que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, hizo el martes en las dependencias del instituto armado en Sevilla. Las palabras de Guerrero implican aún más a Viera, que ocupó el cargo de consejero de Empleo entre 2000 y 2004 y fue el artífice –junto a Antonio Fernández, imputado en la causa– del convenio con el ente instrumental IFA mediante el cual se pagó el dinero vinculado a la partida 31L investigada.
Según la declaración de Guerrero a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, «Viera le dijo que había que ayudar a Matadero de la Sierra Morena y a todas aquellas empresas que colgaban de la misma». En concreto, el ex consejero se implicó personalmente en las subvenciones –concedidas de manera opaca, arbitraria y sin publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía– a la citada sociedad, así como a las cooperativas Virgen del Espino y Almazara del Guadalcanal. Sus palabras concuerdan con las que pronunció el propio ex consejero en una conferencia de prensa el 29 de abril de 2011, en la que admitió que participó en la concesión de ayudas al Matadero Sierra Norte de Sevilla «para su puesta en funcionamiento» y las almazaras de El Pedroso y Guadalcanal «para la modernización del proceso de transformación del aceite».
El ex director general ofreció más datos: Enrique Rodríguez, gerente provincial en Sevilla del IFA –el ente que pagaba el dinero– hizo el informe de viabilidad del proyecto de Matadero de la Sierra Morena previa petición del mismo por parte de José Antonio Viera. La empresa acabó recibiendo 3,8 millones y el recién dimitido secretario provincial del PSOE de Sevilla acudió a la inauguración de la planta.
 El ex alto cargo admite que «no usaron las ayudas para la promoción del empleo» y se excusó diciendo que las labores de control correspondían a la Intervención y al propio IFA. Además, involucró al resto del Gobierno andaluz, ya que «éstas pasaban los filtros correspondientes de la Consejería de Economía y Hacienda» –de la que Griñán fue titular entre 2004 y 2009–.
Los investigadores le preguntaron sobre la relación de varios altos cargos de la Consejería con los beneficiarios de las ayudas, ya que no existían convocatorias públicas para este tipo de subvenciones. Según Guerrero, «había un interés personal de José Antonio Viera en desarrollar la comarca de la Sierra Norte». En otro punto de su testimonio, y ante la insistencia de los agentes, señaló que Viera «era un habitual de la Sierra Norte, donde iba a cazar y donde tenía amigos maestros –su profesión antes de dedicarse a la política–, mientras que su pareja sentimental era ATS de la zona».
Desvinculó de esta relación con la comarca de la provincia de Sevilla al ex consejero Antonio Fernández, al ex viceconsejero Agustín Barberá y al ex asesor y hasta hace poco parlamentario andaluz, Ramón Díaz.
La Guardia Civil también le inquirió sobre la participación del actual diputado socialista José Caballos, que ocupó el cargo de presidente de la Junta Rectora del Parque de la Sierra Norte y antes había sido secretario provincial del PSOE de Sevilla. El declarante dijo que «no tenía constancia de que Caballos asistiese a reuniones en las que se acordasen ayudas a la comarca».
Sí reconoció la relación personal con José María Sayago, «porque era muy amigo del padre». El empresario beneficiado con las ayudas multimillonarias llegó a prestarle a Guerrero 83.300 euros a través de «un crédito entre particulares». El ex alto cargo confirmó que le devolvió 80.000 euros tras solicitar un préstamo hipotecario y que aún le faltan por reintegrarle «unos 3.000 euros».
Aún así, apuntó que él tenía reticencias a las cuantiosas ayudas recibidas por el grupo de empresas de Sayago. Y contó una anécdota: en una reunión en la cafetería del Parlamento, Antonio Rivas –ex delegado provincial de Empleo, imputado– y él le trasladaron a Viera sus recelos, ya que los empresarios sólo ponían el capital social. «Eso era así», fue la respuesta con la que el ex consejero zanjó la sugerencia.