El Gobierno obligará a los altos cargos a publicar sus sueldos

MADRID- Si uno entra en la página web del Congreso tiene acceso a una radiografía bastante amplia de cada una de Sus Señorías, incluido patrimonio y retribuciones. Un paso adelante, que se concretó en la pasada Legislatura, dentro de un camino en el que todavía queda mucho por hacer, por ejemplo que la misma transparencia se extienda a los demás altos cargos de la Administración, incluidos los que ocupan todo el entramado empresarial público.

Si sale adelante el proyecto en el que está trabajando el Gobierno, entonces habrá otro salto cualitativo importante que implicará un antes y un después en el acceso a la información pública y en la simplificación del procedimiento para acceder a la misma, tomando como referente el Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos, del Consejo de Europa. Todos los altos cargos tendrán que hacer públicas sus retribuciones.

Y esa exigencia se extendería a todos los directores generales; a los miembros del Gabinete de ministros y secretarios de Estado; a presidentes, directores y gerentes de las fundaciones públicas estatales; a las directivas de los organismos reguladores, y, en suma, a todos los titulares de cualquier puesto de trabajo en la Administración General del Estado cuyo nombramiento se efectúe por el Consejo de Ministros.

Todos ellos podrían estar obligados a publicar nominalmente las retribuciones públicas percibidas, con expresa indicación de los diferentes conceptos retributivos.

El Gobierno aprobará en el primer trimestre del año una ambiciosa ley dirigida a reforzar la transparencia en el gasto público, eliminar burocracia y aumentar los controles en la actividad administrativa. El martes la vicepresi-denta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, detallará en el Congreso los ejes del primer proyecto estrella de su Departamento, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en la que, como ya se ha oficializado, el Gobierno establecerá las nuevas obligaciones legales de los gestores y las sanciones que, en consecuencia, se derivarán de su incumplimiento.

Quien gaste por encima de lo presupuestado podría quedar inhabilitado.

El proyecto ya está muy avanzado y, de hecho, están abiertas las conversaciones con los sectores que se verán más afectados por una norma con la que, entre otras cuestiones, el Gobierno pretende obligar a todas las administraciones públicas, también a las comunidades autónomas y ayuntamientos, a poner al alcance del ciudadano, a través de un enlace electrónico actualizado permanentemente, toda la información relativa a sus contratos con el sector público, las concesiones, las subvenciones, el presupuesto o la información sobre el gasto público.

Entre las medidas que el Ejecutivo baraja está, por ejemplo, la de obligar a que todas las administraciones publiquen periódicamente –podría ser cada tres meses–, el grado de ejecución de su presupuesto, desglosado por secciones, por capítulos y por programas. El Estado central, las comunidades y los ayuntamientos también deberán publicar trimestralmente el gasto realizado en campañas de publicidad institucional.

La ley prevé mecanismos para mejorar la transparencia en la contratación pública, en los convenios de colaboración, en las concesiones de servicios públicos, en las subvenciones... Así como para forzar obligatoriamente la colaboración entre la Administración central, la autonómica y la municipal, de tal manera que se ahorre así efectivamente al ciudadano el trámite de ir de ventanilla en ventanilla.

Con un plazo cerrado: en los borradores se ha trabajado con la hipótesis de que, transcurridos treinta días desde la presentación de la solicitud sin haberse notificado resolución expresa, entonces se entenderá estimada la solicitud.

Arenas: «Nadie se ha portado con Andalucía como Rajoy»
El presidente del PP-A, Javier Arenas, rechazó ayer que las críticas a la política económica de la comunidad se identifiquen con «un ataque a Andalucía». La Junta se había quejado previamente por las valoraciones del Gobierno central que ponen en duda la solvencia financiera andaluza. En el acto de presentación de los cabezas de lista de las ocho provincias de cara a las autonómicas, Arenas defendió que «ningún Gobierno se ha portado con Andalucía como el de Rajoy», recordando que la consejera de Hacienda yAdministración Pública ya confirmó la aceptación de todas las peticiones andaluzas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que calificó de «magnífico ejemplo de cooperación y lealtad».

LAS CIFRAS
Sueldos de altos cargos
69.000 €
es la retribución que recibe un ministro anualmente.
70.000 €
es el salario de un secretario de Estado. Sin tener en cuenta los gastos de representación, gana más que un ministro, ya que éstos no tienen pagas extra ni otros complementos.
55.000 €
le corresponden por norma a cualquier director general que dependa de la Administración Central del Estado.
165.000 €
anuales cobra el gobernador del Banco de España. Al igual que en los demás altos cargos dependientes de la Administración Central, su salario se redujo en los Presupuestos Generales de 2011.
240.000 €
se le asignan al año al presidente de RTVE. Es el cargo público que más dinero gana en España.