Mini Estados «gratis total» por Vicente Martínez Pujalte

En los últimos tiempos se ha convertido en políticamente correcto afirmar que las comunidades autónomas, con sus despilfarros, son las principales causantes del desastre de las cuentas públicas españolas. Además, se puede ilustrar la afirmación con ejemplos varios de coches oficiales, séquitos, oficinas -cuasi embajadas- en el exterior, grandes eventos de utilidad discutible o contratos ineficientes con personas ligadas a altas esferas del Estado. Para más inri, la parte del Gobierno de Zapatero que sigue en política activa quiere justificar su gestión trasladando la responsabilidad a las comunidades, como si de estructuras absolutamente independientes del Estado y de la Administración Central se hubiera tratado. Nada más lejos de la realidad ambas afirmaciones. El culpable/responsable exclusivo de la evolución de las cuentas públicas de España es el Gobierno de España. Por tanto, si en los últimos años hemos tenido una evolución negativa del déficit publico, el responsable es el Gobierno de Zapatero y centrifugar causantes es engañar a la opinión pública.

Me explico: a) el presupuesto de ingresos lo hace el Gobierno de España en base a las previsiones de evolución de la economía, que las diseña el Estado y son consecuencia de la política económica, competencia exclusiva del Estado. El resto de administraciones incorpora a sus presupuestos las cifras que el Estado le suministra y, si no son reales, como así ha sucedido en alguno de los últimos años, se origina un déficit no consecuencia de sus decisiones. b) las grandes prestaciones del Estado del Bienestar las suministran y gestionan las comunidades autónomas, sobre decisiones y carteras de servicios que deciden en una proporción muy elevada el Parlamento Nacional. De hecho, el ochenta por ciento del gasto autonómico se produce en la prestación de servicios básicos, que están obligados a afrontar.

El Gobierno de Zapatero con su alocada negación de la realidad y de la existencia de la crisis primero y con su visión equivocada de los brotes verdes equivocó las previsiones de las administraciones. Además, impuso muchas más obligaciones y exigencias de gasto, sin cobertura presupuestaria como dependencia, más gasto educativo, más exigencias sanitarias y más prestaciones sociales basadas en el «gratis total». Si a esto se une la eliminación de controles con los nuevos estatutos y la derogación parcial de la ley de estabilidad, se produce la deriva dramática del déficit de las cuentas autonómicas y locales.

A todo ello, hay que sumarle que las prioridades del Gobierno de Zapatero estaban en la Alianza de Civilizaciones, la memoria histórica, la relación con gobiernos populistas... y no en las reformas estructurales que permitieran mayor eficiencia en el gasto público. De hecho, Jordi Sevilla, que sí creía en estas políticas, puso en marcha, durante la primera legislatura de Zapatero, una agencia para evaluar políticas públicas que hubiera sido útil, pero la anularon y arrinconaron cuando le cesaron para poner en ese ministerio a Elena Salgado porque la prioridad de ZP era sacar adelante los estatutos de segunda generación y para Salgado nunca fue una prioridad el control del gasto.

Lejos de mi decir que las comunidades autónomas no pueden y deben hacer mucho, muchísimo, más en austeridad, control del gasto, evitar duplicidades y en políticas de eficiencia. Estoy convencido de que, en algunas, por afán de protagonismo o de ínfulas de independencia se ha duplicado un mini Estado con resultados que han disparado el gasto público y han acabado contrayendo el crecimiento económico y disminuyendo las prestaciones sociales. Otras, donde pronto hay elecciones, han gastado más de lo necesario buscando clientelismo político y con ineficiencias y corrupción. Y todas pueden gastar menos, sin tocar el Estado del Bienestar.

La cercanía visualiza gastos y actitudes que enfadan -cabrean diría yo- a ciudadanos, que exigen en estos momentos de crisis ejemplaridad y austeridad y que aunque no son los causantes del deterioro de las cuentas, hay que cortar de inmediato. Las soluciones pasan por un sistema de financiación adecuado; donde la población sea determinante y se tenga en cuenta la real; una mejor gestión; y reformas estructurales del gasto público, que permitan hacer más con menos. Además, hay que desterrar en muchos servicios, no esenciales, el gratis total. Con eso y con la nueva ley de estabilidad seguro que no volvemos a encontrarnos con este problema.

Vicente Martínez Pujalte
Portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular