Cumplir sin excusas

La mayoría de las comunidades autónomas, que el pasado mes de mayo se comprometieron a llevar a cabo un ajuste presupuestario de 18.000 millones de euros, va con mucho retraso en el cumplimiento de los planes de recorte prometidos. Ayer mismo, Antonio Beteta, secretario de Estado de Hacienda, señalaba que sólo se habían cerrado dos empresas públicas de las 600 previstas. Los indicios, pues, no son buenos y, lo que es peor, no escapan a la atención de los mercados financieros y de los organismos de supervisión que, reiteradamente, han expresado sus dudas sobre la viabilidad económica de las comunidades autónomas. Si a ello le añadimos las continuas declaraciones contra las políticas de austeridad que, en clave de partidismo interesado, llegan desde las comunidades, diputaciones y ayuntamientos regidos por partidos de la oposición al Gobierno, no se entendería que, con este preocupante trasfondo, el Ministerio de Hacienda hubiera aceptado unas rebajas en la aplicación de los objetivos de déficit, cuyo efecto más inmediato sería aumentar, aún más si cabe, las dudas internacionales sobre la voluntad reformista del Gobierno y el crédito de España. Aunque no todas las comunidades autónomas están en la misma situación, tampoco se pueden hacer más excepciones en las exigencias de cumplimiento que las ya contempladas en sus respectivos planes de equilibrio financiero. Aquí el Gobierno de la nación está obligado a mantener la máxima determinación, porque lo que nos jugamos, junto con nuestra credibilidad exterior, es que la mayoría de los sacrificios que se están exigiendo a los ciudadanos sean estériles. Incluso si fuera preciso, lo que nadie desea, el Gobierno dispone de instrumentos legales, como los previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para intervenir las cuentas de las comunidades autónomas que, por las razones que sean, no estén dispuestas a cumplir con los objetivos de déficit o se ven incapaces de ello. Ciertamente, la tarea no es fácil ni inocua para los gobernantes autonómicos, pero el hecho de que muchas de ellas no puedan siquiera acceder al crédito exterior en condiciones tolerables, es la mejor demostración de que se necesita abordar de una vez por todas una reforma estructural de calado. A lo largo de los años, los gobiernos autonómicos han ido reproduciendo milimétricamente la organización del Estado en cada territorio, haciendo del sistema un ente hipetrofiado e insostenible. Ese es el núcleo del problema y no bastará para resolverlo con recortar sueldos de funcionarios. Lo saben las comunidades autónomas y lo saben los ciudadanos que, en su gran mayoría, exigen una racionalización de las administraciones, hasta hora, alegres gastadoras de presupuestos.