Pura incompetencia

La prórroga del estado de alarma será, caso de producirse, un síntoma de la incapacidad del Gobierno y su ministro de Fomento para solventar por la vía ordinaria un conflicto laboral. Ya hemos dicho mil veces que la reacción de los controladores, al abandonar sus puestos de trabajo de manera injustificada e ilegal, es del todo reprobable y merecedora de condena.

Este colectivo es culpable de lo que sucedió y sus miembros deberán hacer frente a las responsabilidades legales que de tal hecho se deriven. Al margen de eso, el Gobierno no ha podido funcionar peor. En seis años Zapatero tuvo tiempo sobrado para actuar y no lo hizo.

Blanco tenía la obligación de evitar el conflicto y la militarización subsiguiente. Con meter más controladores en el sistema se hubiera hecho innecesario el cierre del espacio aéreo y las millonarias perdidas que supuso. El ministro fue incapaz de gestionar la situación y prefirió acudir de manera reiterada a la vía del decreto.

Puede que el Ejecutivo no tuviera más remedio que declarar en última instancia el estado de alarma, pero eso no justifica que se mantenga indefinidamente una situación que debe ser del todo excepcional. Ya habrá tiempo para que los tribunales diluciden si se actuó bien o mal. Relevantes juristas ponen en duda el procedimiento. Políticamente, en cualquier caso, la prórroga de una situación límite no es sino pura incompetencia.