Griñán debió autorizar que IDEA se endeudara en más de 9 millones

Sevilla- La etapa como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) del ahora presidente de la Junta, José Antonio Griñán, lo está poniendo en una situación más que comprometida en relación a la trama de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos que investiga el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Tres son las líneas que cercan al jefe del Ejecutivo andaluz. La primera, la existencia de reiterados avisos de la Intervención General poniendo de relieve que la Junta estaba tramitando subvenciones para ERE y empresas en crisis «prescindiendo de forma total y absoluta» del procedimiento administrativo establecido. Griñán debió recibir esos informes y así lo mandató la Intervenció, pero su entonces viceconsejera y ahora consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, alegó que no se los trasladó porque no eran lo suficientemente relevantes. La segunda, las modificaciones presupuestarias en favor de la partida 31.L, etiquetada por el ex director general de Empleo como «fondo de reptiles», y que fueron propuestas al Consejo de Gobierno por el entonces consejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán. La tercera la apuntó la juez Mercedes Alaya en su último auto del 10 de noviembre al pedir «copia compulsada de la autorizaciones que constan del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, previas a la aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno, y relativas a las operaciones de endeudamiento igual o superior a 1,2 millones de euros».

El Gobierno andaluz ha anunciado que recurrirá el auto de la juez. Aduce, apoyándose en los estatutos de la Agencia IDEA –el ente que transfería los pagos del «fondo de reptiles»– que la juez hace peticiones que «carecen de fundamento jurídico», ya que que para otorgar subvenciones iguales o superiores de 1,2 millones bastaba con la autorización del Consejo Rector de IDEA y no era necesaria la del consejero de Economía y Hacienda.

Sin embargo, para las operaciones de endeudamiento sí es necesaria la autorización del titular de Economía y Hacienda, tal y como lo recoge también el artículo 70.4 de la Ley General de Hacienda. Y aquí es donde entra en escena la documentación que hizo ayer pública el secretario general del PP-A, Antonio Sanz. El Consejo Rector de IDEA aprobó el 14 de julio de 2005 autorizar a la agencia a «contraer uno o varios préstamos con entidades financieras por un importe máximo de 9.774.200 euros para la «financiación de adquisición de diversos activos de Santana Motor». La autorización por parte del Consejo de Gobierno se produjo el 26 de julio, según consta en el BOJA. Santana es una de las empresas que está siendo investigada por la juez. «¿Existió o no existió autorización por parte de la Consejería de Economía y Hacienda?», preguntó Sanz.

El PP, por otra parte, pide al juzgado que reclame a la Junta «todos los expedientes íntegros» tramitados por la Consejería de Economía para que el Consejo de Gobierno aprobara modificaciones presupuestarias del «fondo de reptiles» entre 2001 y 2010. Aporta, asimismo, dos nuevas modificaciones por importe de seis millones de euros y de algo más de 1,2 millones.