Cotino denuncia a Luna por calumnias y éste dice que no irá a la conciliación

El vicepresidente del Consell, Juan Cotino, presentó una demanda de conciliación contra el portavoz del PSPV en Les Corts, Ángel Luna, por denunciar en un conferencia de prensa tráfico de influencias y trato de favor en las contrataciones de la Generalitat con la empresa Sedesa, de la familia de Cotino.La conferencia de prensa se celebró el pasado 30 de marzo, y en ella Luna aseguró que iba a buscar las pruebas «por todos los medios posibles» de que había habido «tramitación irregular, tráfico de influencias y trato de favor» en esas adjudicaciones.Por su parte, el diputado socialista Francesc Signes, participante en esa conferencia de prensa y contra el que también se ha presentado la demanda, denunció entonces «amenazas» para no seguir investigando.Los diputados explicaron que la Generalitat les había negado la documentación sobre los expedientes de adjudicación de la Generalitat a Sedesa -en solitario o en UTE- en la última década, que ascienden a 830 millones de euros, lo que a su juicio situaba esos contratos «al mismo nivel de ocultismo y de oscurantismo que los de la trama Gürtel».La demanda de conciliación que ayer se notificó al PSPV-PSOE señala que ambos diputados son autores de unas manifestaciones públicas de contenido «calumnioso y con expresión pública de la imputación de un delito» realizada «con total desprecio a la verdad».«Los demandados, sin recato ni pudor alguno, imputan» a Cotino «la comisión de diferentes delitos y lo hacen en rueda de prensa, a efectos de su mayor difusión», indica el texto, que destaca el «propósito expreso» de los demandados de «atentar contra el honor y la dignidad» de esta persona.Por ello, se solicita a los demandados que «se avengan a reconocer su autoría material» en las declaraciones realizadas en esa rueda de prensa.El portavoz socialista, Ángel Luna, adelantó ayer que ni él ni el diputado Francesc Signes acudirán al acto de conciliación y que éste era un «paso previo» a la presentación de una querella, y se mostró «contento» porque los tribunales tendrán que investigar sobre los expedientes de contratación que han reclamado.