Zapatero abre la vía para la desaparición de las cajas

A partir de la entrada en vigor del decreto ley la próxima semana, cualquier caja podrá optar por mantener su naturaleza jurídica, como hasta la fecha, y dar entrada a inversores privados hasta el 50% de su capital o ceder el negocio financiero a un banco, convirtiéndose en propietaria como mínimo del 50% del mismo.

Además, podrá transformarse en fundación, tras renunciar a su condición social y ceder todo su negocio a un banco. Por si fuera poco, podrá decidir su integración en un Sistema Institucional de Protección (SIP).

El decreto regula de manera específica el SIP constituido por las cajas. Así, su entidad central tendrá naturaleza de sociedad anónima y estará participada por las cajas integrantes al menos en un 50%. Si se incumple ese límite, las entidades del SIP deberán transformarse en fundaciones y ceder su actividad financiera a la unidad central del SIP.

En este caso, podrán existir tantas fundaciones como integrantes del SIP y un único banco. Se refuerza, además, la permanencia de las entidades en el Sistema mediante la capacidad del Banco de España de evaluar, con carácter previo al abandono de una de ellas, la viabilidad de la operación.

El decreto ley, que se convalidará en el Congreso de los Diputados el próximo día 20 de julio, despoja del poder actual a los gobiernos autonómicos, a los que deja como supervisores de las cajas, mientras conserven esta naturaleza jurídica. Además con la despolitización de sus órganos de gobierno, los ejecutivos autonómicos verán cómo son expulsados de los mismos.

De hecho, las cajas dispondrán de un período transitorio de tres años para ir sustituyendo a los cargos electos y a los altos cargos de las administraciones ejecutivas por miembros elegidos por los Parlamentos autonómicos.

A partir de ahora la representación de las Administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público no podrá superar el 40% del total de los derechos de voto en los órganos de gobierno, frente al 50% actual. Amén de que al menos la mitad de los miembros de sus consejos de administración deberán contar con experiencia laboral contrastada.

El decreto define como órganos de gobierno de las cajas la asamblea general, el consejo de administración y la comisión de control. Y permite la constitución de dos nuevas figuras: las comisiones de obra social y la de nombramientos y retribuiciones.

Así lo expuso Elena Salgado, al término del Consejo de Ministros. La vicepresidenta destacó como bondades de la reforma que permitirá crecer a las cajas para competir. En ese sentido, puntualizó que se reforzará la solvencia de las mismas al posibilitar la adaptación de los criterios de solvencia, liquidez y apalancamiento según las futuras exigencias de Basilea III. El Banco de España las aplicará a cada caja según su modelo de negocio.

Mientras, el Grupo Santander saludó ayer por «extraordinariamente positiva» la reforma porque permitirá a las cajas captar capital en el mercado.