Fernández firmó el pago final de las cámaras pese a que no funcionaban

La resolución firmada por Francisco Fernández, a la que tuvo acceso LA RAZÓN de Sevilla, completa un cronograma que dibuja en los informes técnicos de Movilidad –a los que la oposición accedió ayer– hechos públicos por el Ayuntamiento –los que no chocan con la confidencialidad de los funcionarios– un escenario ilógico de funcionamiento.

A saber: el contrato con Sice fue suscrito el 25 de enero de 2010. El 26 de abril de 2010 consta como fecha final de suministro e instalación. La fecha teórica prevista inicialmente para la recepción del sistema es el 27 de julio de 2010. La fecha real de recepción fue el 24 de mayo, dos días después de las elecciones municipales. Al funcionario le llegó la comunicación el 25 de mayo, según uno de los informes de Movilidad. El Plan Centro estuvo en período de pruebas de septiembre a diciembre de 2010. El sistema se puso en marcha a partir del puente de la Inmaculada del pasado ejercicio. Las cámaras dejan de estar operativas el 29 de marzo de 2011. La fecha última en la que constan sanciones en la Agencia Tributaria es el 5 de marzo. La aplicación informática instalada fue desconectada el 31 de mayo. Y, finalmente, como consta en la resolución municipal, Francisco Fernández autorizó el último pago a la concesionaria, de 284.104,99 euros, el 10 de junio. La confirmación oficial le llega al funcionario el 13 de junio. Es decir, con Zoido ya como alcalde a todos los efectos y con el sistema plagado de fallos.
En la resolución de Alcaldía 4114, firmada por el teniente de alcalde delegado de Movilidad, se indica que «vista la certificación presentada por Sice como adjudicataria del contrato de suministro e instalaciones de equipamiento necesario para el seguimiento y control del acceso de vehículos al casco histórico (...), considerando el informe de la Intervención y los documentos aportados por el servicio de proyectos y obra y la urgencia de realizar el presente trámite a fin de que no se demore más el pago de la citada certificación, ante la ausencia de sesión de Junta de Gobierno (...)» insta a «que se proceda al abono» de 284.104,99 euros a la adjudicataria, que, recientemente, aseguró que el Consistorio nunca le trasladó ninguna queja del sistema.
En los informes de Movilidad, se especifica «haber informado de manera conveniente y en todo momento a los responsables» de los fallos en la videovigilancia