El Gobierno tenía «infiltrados» entre los controladores y conocía su rebelión

MADRID- El Gobierno recibía desde hace meses información periódica de los movimientos de los controladores aéreos y desde hace más o menos un mes esta información era prácticamente diaria. Es decir, el Ejecutivo sabía en qué andaban, sus movimientos y la que estaban preparando. Como en otras crisis que afectan a servicios públicos esenciales y que, en suma, son cuestión de Estado, también en ese caso los servicios de inteligencia han estado encima del problema y han hecho un seguimiento puntual de la evolución del conflicto.
 
No se trata de una excepcionalidad, al contrario. Hasta a un delegado del Gobierno le llega información de algaradas o del desarrollo interno de protestas enconadas en sectores delicados de la producción industrial. Con más razón que esos «partes» reservados existan cuando por medio entra en liza un conflicto que ha concluido en un bloqueo del espacio aéreo sin precedentes. Para encontrarlos hay que remontarse a la huelga que lidió el norteamericano Ronald Reagan en 1981 o a la que conmocionó en 1973 a Francia, cuyo Gobierno de entonces también se vio obligado a dejar en manos de los militares la gestión del tránsito aéreo. Aquella huelga quedó grabada en el recuerdo por el trágico choque entre dos aviones españoles de Spantax e Iberia en las inmediaciones de Nantes.

En el caso de los controladores españoles, la luz de alarma se encendió en febrero, cuando el Gobierno dio el primer puñetazo encima de la mesa y llevó al Congreso de los Diputados el Real Decreto de 5 de febrero que fue ratificado por la mayoría de la Cámara. Ese nuevo marco legal, pendiente aún de ser desarrollado, fue el principio del fin de los privilegios de un colectivo que ha rentabilizado de manera abusiva su situación de monopolio, dentro del monopolio estatal de AENA.
 
El hecho de que al Gobierno no le pillaran por sorpresa –más grave sería que hubiera sido así– los acontecimientos del pasado viernes, que pusieron en marcha el proceso que llevó al Estado de Alarma, hace todavía más pertinente la pregunta de por qué fue ese viernes, arranque del Puente de la Constitución, el día elegido para llevar al Consejo de Ministros el Real Decreto que añadía la puntilla a la regulación de la jornada laboral de los controladores. ¿Por qué si sabía que la iban a armar no había un «plan B» que evitara tener que echar mano de medidas de fuerza y de coacción sin precedentes en la historia de la democracia española? ¿O por qué no intentó doblegarles y ganarles el pulso sin daños colaterales irreparables desde el punto de vista económico, de imagen de España y de calidad de vida de la ciudadanía?
 
Miembros del Gobierno, empezando por el presidente Rodríguez Zapatero o el vicepresidente Pérez Rubalcaba, han sido los primeros en reconocer que la guerra abierta por los controladores el pasado viernes no les sorprendió. El jefe del Ejecutivo así lo dejó caer durante el Pleno parlamentario del jueves, en el que reconoció que conocía el «riesgo» de que estallara el conflicto, mientras que Rubalcaba aseguraba en la resaca de la crisis que «sabían que la iban a armar y había que cortarlo».

La situación, por tanto, era sabida de antemano por el Ejecutivo. Tanto es así que en las primeras horas del viernes, mientras en Moncloa se celebraba el Consejo de Ministros, los militares destinados en el centro de control «Pegaso», junto a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, uno de los más importantes de España, fueron avisados de que debían permanecer en sus puestos ante una inminente situación de crisis. Los militares que no se encontraban en ese momento en el centro de control aéreo y que están adscritos al mismo también fueron alertados para que se incorporaran al servicio de forma inmediata.

A lo largo de la tarde, horas antes de que el Gobierno hiciera oficial el Estado de Alarma, militares del Ejército del Aire eran llamados para que acudieran a los centros y torres de control, en unos casos, los oficiales, para velar porque los controladores cumplieran con su trabajo y en otros, los suboficiales, para reforzar las torres de control en caso de que hiciera falta.

A vueltas con la prórroga
- El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que el Ejecutivo no ha decidido aún si prorrogará el Estado de Alarma decretado el pasado sábado, pero que lo hará si lo considera necesario «para mantener la normalidad en los aeropuertos y que la gente pueda viajar con normalidad» ante la proximidad de las fiestas navideñas.
- Rubalcaba reconoció que durante la reunión del Consejo de Ministros se trató el asunto y que, a falta de una decisión, ha confiado en que si finalmente el Gobierno solicita una prórroga obtendrá la mayoría necesaria del pleno del Congreso (mayoría simple).
- «Si el Gobierno cree que es necesario que se prorrogue, desde luego lo hará y pedirá la prórroga al Parlamento», dijo.