El Estado suprimirá 10600 puestos de empleados públicos hasta 2013

En números redondos, la medida supondrá la eliminación de 10.600 puestos de trabajo en la Función Pública, lo que evitará «desviaciones al alza» de las masas salariales de los funcionarios, según explicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Ni Ejército ni Policía
El nuevo ajuste, con el que el Gobierno pretende ahorrar 250 millones de euros en los próximos tres años, afectará a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado, Seguridad Social, agencias estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales. Fuera quedarán las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia y centros penitenciarios, los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y los controladores aéreos.

Esta vuelta de tuerca al empleo público se une al recorte aprobado el pasado 20 de mayo para reducir el salario de los funcionarios entre un 0,56% y un 7% con la que el Ejecutivo pretende ahorrar 6.800 millones de euros. Un ajuste que, según explicó De la Vega esta semana en el Congreso de los Diputados, tiene carácter «excepcional» y servirá para «garantizar la viabilidad del sistema de protección social».

Pero puede que estos dos ajustes no sean los únicos que se acometan en el sector en aras de la austeridad. Para optimizar recursos, el Consejo de Ministros aprobó también la creación del Observatorio del Empleo Público. Este órgano, que como se apresuró a aclarar De la Vega, «no creará ninguna nueva estructura y, por lo tanto, no tendrá coste adicional», recogerá, analizará y difundirá información para determinar de qué manera se puede obtener el mejor rendimiento del capital humano que trabaja en las administraciones.
En el organismo, que dependerá de Presidencia, tendrán representación las comunidades y entidades locales.


La negociación colectiva pide paso
Los secretarios de Acción Sindical de CC OO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, respectivamente, exigieron a la CEOE la apertura formal de un proceso negociador para reformar la negociación colectiva en aras a mejorar su funcionamiento y su articulación. Para pedir la apertura formal de este diálogo, los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, enviaron el jueves una carta al presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, alegando que lo que necesita este país no es la reforma laboral, y menos la que ha hecho el Gobierno, sino la reforma de la negociación colectiva. Górriz y Ferrer recordaron a la patronal que la reforma de la negociación colectiva era un compromiso que estaba recogido en el acuerdo interconfederal de negociación colectiva (ANC) que firmaron ambas partes el pasado 9 de febrero.