La violencia familiar con menores se dispara

El único descenso, mínimo, «digno de mención» en el que se han visto involucrado menores son los relativos a la libertad sexual.

En relación con la delincuencia juvenil, la Fiscalía de Valencia ha solicitado una reforma de la Ley del Menor para poder aplicar «medidas educativas a los menores infractores de 12 y 13 años en aquellos supuestos en que se estime conveniente en atención al interés del menor, a la naturaleza y gravedad del hecho y a sus circunstancias personales, familiares y sociales».
Junto a ello, la Fiscalía de Sevilla plantea que en aquellos casos en los que haya menores y mayores de edad implicados en un mismo procedimiento, la instrucción y el enjuiciamiento se hagan de manera conjunta, «al menos cuando se trate de casos de extrema o máxima gravedad» y a pesar de que a cada uno se le apliquen las singularidades procesales previstas en el ordenamiento jurídico para su enjuiciamiento. Esta modificación la encuadra a raiz del «caso Marta del Castillo», ya que menores de edad acusados de participar en esos hechos han tenido una instrucción independiente y serán juzgados igualmente separados.

Por otro lado, han sido distintas fiscalías las que han dejado constancia de sus críticas «acerca de las graves perturbaciones» que, en el ámbito de la respuesta penal contra la violencia de género, plantea la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal que una mujer maltratada no tenga que declarar en el juicio contra el denunciado. La legislación actual se considera una «auténtica vía de escape para auténticos maltratadores, y frecuentísima causa de sentencias absolutorias que no deberían serlo», tal como puso de manifiesto la Fiscalía de Albacete.

Asistencia jurídica obligatoria
Por ello, algunas fiscalías consideran que sería positivo modificar esa regulación para impedir que, al menos, pueda hacer uso de la dispensa de declarar contra sus parejas, «quien previamente –en la fase de instrucción– haya renunciado expresamente a acogerse a ella tras ser informado de las consecuencias de dicha renuncia». También alude el Ministerio Público a la posibilidad de que la asistencia letrada a las mujeres víctimas de violencia de género sea «obligatoria, sin necesidad de petición expresa de las mismas», y no para las que así lo soliciten, tal como ocurre en la actualidad.